l Consejo de la Magistratura de la provincia recién notificó ayer al consejero que oficia de fiscal acusador, sobre la decisión del organismo de correrle traslado para que se expida acerca de si existe mérito o no para acusar formalmente al fiscal de Ushuaia Nicolás Arias, investigado por su polémico dictamen en una causa por abuso de menores donde fue condenado un empresario.
De esta forma, el representante de los abogados de Río Grande, Miguel Ángel Castro, tiene a partir de hoy veinte días hábiles judiciales (que vencen el próximo 5 de septiembre) para dictaminar sobre la acusación y decidir si comienza o no el jury de enjuiciamiento contra Arias, que podría implicar su destitución del cargo en caso de una condena.
En términos concretos, la situación del fiscal involucrado continúa dilatándose en el tiempo, ya que el Consejo tomó la decisión de avanzar con un posible jury en la sesión del lunes 16 de julio, y desde entonces hasta ayer transcurrieron 22 días sin novedades, aunque también debe tenerse en cuenta que en el medio se desarrolló la feria judicial de invierno.
Lo cierto es que Castro recién recibió en la víspera, durante la sesión llevada a cabo a partir de las 14 en la sede del organismo, la documentación probatoria con que deberá basar su dictamen acusatorio o absolutorio.
El abogado riograndense también anunció que haría uso de la facultad de contar con la asistencia de un secretario letrado, que deberá ser nombrado por el Superior Tribunal de Justicia en las próximas horas.
“En el temario del orden del día estaba dispuesto que se me corriera traslado de las actuaciones, teniendo en cuenta la votación de la sesión pasada, así que simplemente me fueron entregados los antecedentes del caso y a partir de ahora voy a analizar toda la documentación”, comentó Castro al salir del Consejo.
El letrado ratificó que cuenta con 20 días para dictaminar, y mencionó que la propia ley prevé la posibilidad de una prórroga si así lo amerita la complejidad de las actuaciones.
“La función del fiscal es evaluar los antecedentes para determinar si existen elementos para impulsar el jury o en su defecto pedir la absolución. Por ahora no puedo emitir ningún tipo de opinión”, agregó Castro.
Por otra parte, si el fiscal acusador no encontrara méritos para impulsar el jury, la ley establece que el Consejo podría designar a otro de los consejeros (el fiscal subrogante) para que cumpla con esa tarea.
El Consejo de la Magistratura dispuso también ayer que la próxima sesión se llevará a cabo el miércoles 12 de septiembre. De ello se desprende que antes de esa fecha, Castro debería (si no pide una prórroga) ingresar su dictamen por mesa de entradas para que sea notificado a sus pares y (de existir una acusación formal) al propio fiscal Arias, quien desde esa fecha contaría con plazos procesales para ejercer su defensa.
Según la ley 525 de jury de enjuiciamiento, “el fiscal acusador deberá formular la acusación por escrito, acompañar la prueba documental, y ofrecer los demás medios de prueba en el plazo de veinte días, contados a partir de la notificación formal de la decisión del Consejo” de correrle traslado.
Si hay acusación, y una vez notificada de ella el acusado, el proceso de jury comienza en términos formales, y el funcionario involucrado contará con otros veinte días para realizar su descargo por escrito, “acompañando la prueba documental y ofreciendo la restante de que intente valerse”, señala la normativa vigente.
La sesión de ayer del Consejo solo contó con la `presencia de cuatro de sus siete miembros: la jueza del Superior Tribunal de Justicia María del Carmen Battaini, el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, el abogado de Ushuaia Oscar Suarez y Castro.
A su vez, los legisladores Pablo Blanco (UCR-Cambiemos) Federico Bilotta (Frente para la Victoria) y el ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, estuvieron ausentes.
La presidenta Battaini comunicó que continúan realizándose los exámenes psicofísicos a los participantes de los diferentes concursos en trámite para ocupar cargos de jueces vacantes (previos a la realización de las entrevistas personales), mientras que también informó que se solicitará copia de un expediente para avanzar en la investigación previa relacionada con una denuncia presentada por la empresa Lenga Patagónica contra la jueza Laboral de Río Grande Edith Cristiano.
Además se prestó acuerdo para el nombramiento de funcionarios en los ministerios públicos.
El Consejo intervino de oficio en el caso Arias a partir de que se hizo pública su solicitud de “omisión de debate” (o sea que el juicio oral no se hiciera) y la aplicación de una pena mínima de 3 años de prisión para el empresario Héctor Darío “el gringo” Weiss, finalmente enjuiciado de todos modos y sentenciado a 8 años de cárcel, por el abuso sexual y estupro del que resultaron víctimas dos menores de edad.
Ese dictamen generó una polémica con alcance nacional (varios medios de prensa de Buenos Aires se hicieron eco de la noticia) porque, entre los fundamentos de la medida, Arias mencionó como atenuantes de la condena el hecho de que Weiss “no tenía completos los estudios secundarios” y que era “único sostén de familia”.
