a Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA) calificó ayer como “de avanzada” al dictamen del fiscal de Ushuaia Fernando Ballester Bidau, quien consideró a los animales como “sujetos de derecho”, y afirmó que la postura del representante del Ministerio Público “pone en jaque” a los jueces locales.
AFADA es la Organización No Gubernamental (ONG) que litiga para ser querellante en la causa del caballo “Shrek”, ultimado a mazazos en octubre de 2016, y que hasta el momento no ha conseguido ese propósito debido al rechazo de la justicia fueguina en diferentes instancias.
Por su parte Ballester Bidau dictaminó en la causa donde se investiga el presunto maltrato de 87 perros alaskanos y siberianos en el centro invernal Valle de Lobos, de acuerdo a una denuncia presentada a comienzos de año por la proteccionista “Patitas Tolhuin”.
Como informó EDFM, el fiscal rechazó no realizar el juicio oral y público contra el encargado del centro invernal, Walter Cayo, y en su dictamen consideró a los perros como “seres sintientes” y sujetos a derechos, como indica jurisprudencia innovadora en la materia.
Si bien se trata de casos diferentes, AFADA evaluó que la postura de la Fiscalía resulta acorde a sus reclamos y destacó la “valentía y el coraje” del funcionario judicial por “incluir a los perros dentro de un circulo de consideración moral y de protección legal en la provincia”.
El presidente de la entidad, Pablo Buompadre, afirmó que el “novedoso dictamen” de Ballester Bidau “aplica de modo correcto las reglas del concurso real de delitos”, con lo que en el caso de Valle de Lobos podría tocarle al imputado “una pena de hasta 50 años de prisión, lo que en modo alguno resulta exorbitante, sino evidentemente razonable, teniendo en cuenta la reiteración de hechos independientes y el número de víctimas no humanas afectadas”, señaló.
A su vez, el abogado especialista en derecho animal sostuvo que “hay jurisprudencia internacional que avala la posición del fiscal fueguino”, y mencionó el caso de la “Serial Killer” Dalva Lina Da Silva, de Brasil, donde “se condenó a la maltratadora de animales a la pena de 16 años de prisión por la cantidad de víctimas y resultados provocados a todas ellas, a pedido de la reconocida fiscal de Sao Paulo, Dra. Vania Tuglio”.
En ese sentido, detalló también la jurisprudencia nacional que avala la misma postura, como “el caso de la resonante causa del “Circo Mexicano Veracruz” en el Chaco, donde la juez interviniente denegó el pedido de “probation” al imputado de maltrato animal, avalando un pedido previo del Ministerio Publico Fiscal de la ciudad de Villa Ángela (Chaco) en el que se consideraba a los animales como “sujetos de derecho”, y no como cosas”.
En esa línea, Buompadre criticó al juez de instrucción de Ushuaia Javier De Gamas Soler, por haberle negado a AFADA (en rigor también lo hizo la jueza María Cristina Barrionuevo) la posibilidad de representar legalmente en juicio al caballo “Shrek”.
Y según indicó, el mismo juez que ahora debe resolver en la causa Valle de Lobos “no tiene otra vía legal posible que la de rechazar los pedidos de “medidas alternativas” a la pena presentadas por la defensa de Cayo pues de lo contrario, podría incurrir en el delito de prevaricato y ser sometido a juicio político por “dictar resoluciones contrarias a la ley”, aseveró.
Con igual criterio, el letrado dijo que para no haber juicio se necesita “el consentimiento “favorable” de la víctima, que en este caso (y ante la falta de un representante especial de los incapaces de hecho como lo son los “perros afectados”) no puede ser otro que la opinión positiva del fiscal de la causa, la cual también es exigida como requisito ineludible, junto a la reparación del daño causado”.
“Sujetos sintientes”
En su dictamen, Ballester Bidau había sostenido que “es de vital importancia velar por la protección de los animales y de un medio ambiente sano para el desarrollo del turismo local tan preciado en nuestra provincia, para que todos los habitantes puedan gozar de sus beneficios”.
También se refirió a la necesidad de “salvaguardar la seguridad de los animales, siempre y cuando no dañen nuestro ecosistema” y los calificó “sujetos de derecho “sintientes”, que merecen vivir dignamente al igual que los seres humanos”.
Incluso el fiscal citó como antecedentes causas promovidas por AFADA, como la de la orangutana “Sandra” de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal de diciembre de 2014. Allí se reconoció como “sujeto no humano” y “titular de derechos” a la primate alojada en el ex zoólogico de Buenos Aires.
