l titular de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en la ciudad de Ushuaia, Gianfranco Guardamagna, aclaró ayer que ese organismo no pidió ser tenido como parte en el recurso de amparo presentado por una empleada gastronómica contra el decreto que recorta las asignaciones familiares en la región patagónica.
De este modo, Guardamagna desmintió al abogado Marcelo Álvarez, patrocinante de Mariana Marianucci (la trabajadora que inició la causa el pasado 31 de julio) quien en declaraciones a EDFM había asegurado que la oficina local del ANSES había requerido constituirse como parte en el expediente.
El funcionario de la UDAI de Ushuaia explicó que si bien existió una presentación en la causa, fue realizada por un abogado representante de la ANSES a nivel nacional (no por uno de la UDAI Ushuaia) y tuvo por fin solicitar una audiencia donde los interesados puedan dar explicaciones sobre el objeto del pleito.
“La UDAI Ushuaia no se ha promovido como parte en la causa. Desde el área legal central de la ANSES presentaron un pedido de audiencia para tomar conocimiento de la situación entre las partes”, afirmó Guardamagna en dialogo con un periodista de EDFM.
En ese sentido, mencionó que más allá del amparo, “los equipos de trabajo de nuestra UDAI se han remitido el trabajo mancomunado con la gerencia de Río Grande para la presentación de una (medida) alternativa ante la suspensión del decreto 702/18”.
“Pero lo que se ha dicho sobre la intención de la UDAI (de constituirse como parte en la causa) es una mala interpretación de los hechos”, insistió el funcionario.
Según trascendió, la presentación en nombre de la ANSES fue realizada por el abogado Walter Aníbal Sosa, quien constituyó domicilio procesal en la calle Juan Manuel de Rosas Nº 126 (o sea la sede de la UDAI).
El juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, a cargo de la causa, dictó un proveído en el que tuvo presentado a Sosa como “apoderado de la Administración Nacional de la Seguridad Social”.
Además, dispuso correrle traslado a la parte actora (se refiere a la mujer que impulsa el amparo) para que manifieste “cuanto estime corresponder”, y aclaró que la ANSES “no es parte en la causa y no ha sido demandada”.
Según el abogado Álvarez, quien interpretó esa presentación como un pedido de la ANSES para ser parte, no corresponde que el pedido sea aceptado porque se trata de “una maniobra dilatoria”, ya que “la ANSES no es la repartición pública que emitió el acto que se está atacando, o sea que no tiene nada que hacer en este proceso”.
Álvarez también contestó la vista que le corrió el juez, referida al nuevo decreto dictado por el Ejecutivo Nacional que suspendió por 30 días la vigencia del decreto 702, inicialmente previsto para entrar en vigencia desde el 1 de septiembre.
Al respecto, advirtió que “el ataque a los derechos constitucionales que reposan en cabeza del menor (se refiere al hijo de la trabajadora demandante, por quien se cobra la asignación familiar) deja de ser actual para ser inminente, que es un supuesto previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional”.
Es decir que a pesar de la suspensión de 30 días, el amparo “debe proseguir su trámite normal y el juez tiene que solicitar a la contraparte el informe previo al dictado de un fallo”, evaluó el abogado de la empleada gastronómica. Y agregó: “la situación actual es que se suspendió la vigencia del decreto, pero no se produjo su anulación o su derogación definitiva”.
El amparo de Marianucci, presentado el pasado 31 de julio, fue avalado por el secretario general de UTHGRA Seccional Tierra del Fuego, Ramón Calderón y por el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Sergio Mingrino, y argumenta que el decreto nacional “iguala para abajo las asignaciones, eliminando el diferencial que veníamos percibiendo los trabajadores de la Patagonia”.
La demanda menciona también que “el decreto que venimos a impugnar representa un recorte en nuestro salario real. Un decreto que fue la vía elegida para consumar una violación de nuestros derechos”.
Hasta el momento, el único funcionario judicial que se expresó sobre los motivos del amparo es el fiscal Federal de Ushuaia, Juan Arturo Soria, quien ya emitió un dictamen favorable al requerimiento de la trabajadora.
