l representante de los abogados de Río Grande ante el Consejo de la Magistratura de la provincia, Miguel Ángel Castro, ya presentó en un sobre cerrado su pronunciamiento sobre la situación del fiscal de Ushuaia Nicolás Arias, investigado por su polémico dictamen en una causa por abuso de menores donde fue condenado un empresario.
Sin embargo, las alternativas del escrito elaborado por Castro recién se conocerán el próximo martes 11, cuando sesione el organismo encargado de seleccionar y remover a los jueces, según informaron ayer distintas fuentes judiciales.
De esta forma, cuando se abra el sobre y los consejeros tomen conocimiento del contenido del dictamen se sabrá si el abogado decidió acusar formalmente a Arias por presunto mal desempeño de sus funciones, lo que marcaría el inicio de un jury de enjuiciamiento contra el funcionario judicial.
Castro actúa como fiscal acusador del proceso de jury, y el Consejo lo notificó en la sesión del cuerpo del pasado 7 de agosto acerca de la decisión adoptada por mayoría de votos (4 contra 2) de impulsar la investigación que podría terminar en la destitución de Arias.
Por otro lado, si el fiscal acusador no encontrara méritos para impulsar el jury, la ley establece que el Consejo podría designar a otro de los consejeros (el fiscal subrogante) para que cumpla con esa misma tarea.
Según la ley 525 de jury de enjuiciamiento, “el fiscal acusador deberá formular la acusación por escrito, acompañar la prueba documental, y ofrecer los demás medios de prueba en el plazo de veinte días, contados a partir de la notificación formal de la decisión del Consejo” de correrle traslado.
Si hay acusación, y una vez notificada de ella el acusado, el proceso de jury comienza en términos formales, y el funcionario involucrado contará con otros veinte días para realizar su descargo por escrito, “acompañando la prueba documental y ofreciendo la restante de que intente valerse”, señala la normativa vigente.
¿Seguirá en funciones?
Otro punto a dilucidar es la situación del fiscal Arias, en caso de ser acusado. La ley establece que el Consejo cuenta con facultades para suspenderlo del cargo mientras se desarrolla el proceso, pero también puede decidir mantenerlo en funciones.
Según trascendió, el reconocido abogado penalista Raúl Paderne se hará cargo de la defensa de Arias en caso de que se promueva la acusación.
De haber jury, sería el tercero de la historia institucional de Tierra del Fuego como provincia, y se realizaría a través de audiencias orales y públicas, en forma similar a un juicio por delitos comunes.
El Consejo intervino de oficio en el caso Arias a partir de que se hizo pública su solicitud de “omisión de debate” (o sea que el juicio oral no se hiciera) y la aplicación de una pena mínima de 3 años de prisión para el empresario Héctor Darío “el gringo” Weiss, finalmente enjuiciado de todos modos y sentenciado a 8 años de cárcel, por el abuso sexual y estupro del que resultaron víctimas dos menores de edad.
Ese dictamen generó una polémica con alcance nacional (varios medios de prensa de Buenos Aires se hicieron eco de la noticia) porque, entre los fundamentos de la medida, Arias mencionó como atenuantes de la condena el hecho de que Weiss “no tenía completos los estudios secundarios” y que era “único sostén de familia”.
