l secretario General de ATE, Carlos Córdoba, se presentó ayer ante el juez Javier De Gamas Soler y presentó un escrito a modo de descargo en su declaración indagatoria, aunque se negó a contestar preguntas de la fiscalía y del magistrado. Por ahora la defensa se centrará en evaluar los elementos probatorios aunque su abogado Jorge Pintos anticipó que “seguramente pediremos una ampliación de declaración más adelante”.
Córdoba pidió licencia como Secretario General de ATE para abocarse de lleno a su defensa en el marco del expediente donde se investiga una maniobra mediante la que se habrían vendido viviendas de un plan social a personas ajenas al sindicato estatal.
Córdoba se retiró sin hacer declaraciones a la prensa y en su lugar las hizo el abogado Pintos, quien sostuvo que las pruebas de audio existentes en la causa “no son escuchas ordenadas por la justicia, sino que fueron hechas en un ámbito privado sin consentimiento de mi defendido y también hay mensajes de Whatsapp”. Consultado sobre los dichos de Córdoba en uno de esos audios donde sostiene “no me trajiste los verdes”, el defensor explicó que Córdoba le había prestado dólares para un viaje urgente que tenía que hacer uno de los coimputados para ver un familiar en el norte del país y que esa frase “está totalmente sacada de contexto”.
Cabe señalar que el juez De Gamas Soler indagará también en fechas posteriores a otros nueve sospechosos, entre ellos Miguel Ángel Arana, ex titular de la comisión de viviendas de ATE que actuaba junto a Daniel Belbey, quien se quitó la vida el pasado 1 de junio, luego de que el caso se hiciera público.
Además prestarán declaración como imputados la pareja de Arana, Gisela Edith Escobar, ex empleada de ATE, acusada de presunto lavado de dinero ante la presunción de que habría utilizado parte del dinero ilícito recaudado de la venta de las viviendas para la compra de máquinas viales, y Martín Ezequiel Arana (hijo de Miguel) a nombre de quien se habrían transferido vehículos adquiridos con dinero de la misma maniobra.
Más imputados
Otras seis personas, incluido el dueño de una inmobiliaria y un agente inmobiliario y allegados a los dirigentes de ATE, serán indagados por la Justicia entre septiembre y octubre.
El fiscal Nicolás Arias explicó en una ampliación del requerimiento de instrucción, que el caso involucra a la operatoria de construcción de 128 viviendas sociales en la zona de Barrancas del Río Pipo.
El gremio realizó un sorteo público de los 128 beneficiados en 2011, pero como el IPV rechazó luego parte de ese listado (unos 50 casos) por no cumplir con los requisitos, los gremialistas debían sustituir esos nombres por otros, y fue allí donde se habría pergeñado la maniobra consistente en venderles esos lugares a personas ajenas al sindicato.
Arias les adjudicó participación en ese hecho a Córdoba, Arana, Belbey (fallecido) Francisco Freire Acosta y Hugo Fabián Aguirre (relacionados con la inmobiliaria Proyectos Inmobiliarios) Leandro Santillán Mulvihill, Omar Alberto Calquín y Lilian Galli (vinculados con los directivos de ATE).
A todos ellos les imputó haber defraudado a las personas que pusieron dinero creyendo que estaban adquiriendo una vivienda. En total, esa defraudación está cuantificada en casi $10 millones, compuestos por $8.145.000 y 52 mil dólares.
