l representante de los abogados de Río Grande ante el Consejo de la Magistratura, Miguel Ángel Castro, resolvió no acusar al fiscal de Ushuaia Nicolás Arias en el marco de la investigación que le sigue el organismo por su polémico dictamen en la causa por abuso sexual de dos menores donde resultó condenado un empresario de la ciudad.
El pronunciamiento de Castro, quien interviene como fiscal acusador en el caso, había sido presentado en sobre cerrado el pasado martes 4 de septiembre, y se conoció oficialmente ayer durante la sesión del Consejo que se llevó a cabo pasadas las 14 en la sede del órgano dedicado a la selección y remoción de los magistrados provinciales.
Aunque no se dieron a conocer los fundamentos del dictamen, sí fue informado que para Castro, el fiscal Arias no incurrió en ninguna de las inconductas que motivarían su destitución del cargo a través de un jury de enjuiciamiento, aunque sí correspondería la remisión de las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia para la aplicación de sanciones disciplinarias.
De este modo, la postura del fiscal acusador dejó a los demás miembros del Consejo ante la disyuntiva de aceptar sus fundamentos, y darle un cierre al caso, o rechazarlos y promover una nueva acusación a través del fiscal acusador suplente, que para este año es el representante de los abogados de Ushuaia, Oscar Suárez.
Ese procedimiento (el de una nueva acusación) está establecido en la ley provincial 525 de jury de enjuiciamiento, aunque podría dar lugar a una serie de planteos legales (ver aparte), tal como ya deslizaron en la víspera varios de los integrantes del cuerpo.
Por lo pronto, los miembros del Consejo de la Magistratura resolvieron ayer volver a sesionar el próximo lunes 17 de septiembre a las 10 de la mañana, con el único objetivo de tratar este tema.
Repercusiones
Castro declaró ayer a los medios, una vez finalizada la sesión del Consejo, que hasta tanto el organismo no estudie su pronunciamiento no se pueden dar a conocer los fundamentos, aunque sí confirmó su postura de rechazar el inicio de un jury contra el fiscal Arias.
“Mi posición fue solicitar que se rechace la denuncia, en el marco del Consejo de la Magistratura, pero que se eleven las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia y que se evalúe la aplicación de una sanción disciplinaria porque considero que existe algún motivo para ello. A mi criterio no hubo causales para encuadrar en los presupuestos legales de un jury”, afirmó el letrado.
Por su parte la presidenta del Consejo y jueza del Superior Tribunal, María del Carmen Battaini, ratificó que el lunes “cada consejero traerá su opinión y votará al respecto, ya sea de conformidad con lo que el dictamen fiscal propone o no. Allí están las dos posibilidades que quedan”.
Battaini calificó como “compleja” la situación que se producirá ahora, a partir de que habrá consejeros que se expidan a favor o en contra del mismo jury que luego deberían juzgar en caso de prosperar la acusación.
“Es un tema complejo y que habrá que evaluar. Es probable que en el futuro deba discutirse alguna alternativa a la ley 525 para mejorar el sistema del procedimiento de jury”, reconoció la jueza.
El caso
El Consejo intervino de oficio en el caso Arias a partir de que se hizo pública su solicitud de “omisión de debate” (o sea que el juicio oral no se hiciera) y la aplicación de una pena mínima de 3 años de prisión para el empresario Héctor Darío “el gringo” Weiss, finalmente enjuiciado de todos modos y sentenciado a 8 años de cárcel, por el abuso sexual y estupro del que resultaron víctimas dos menores de edad.
Ese dictamen generó una polémica con alcance nacional (varios medios de prensa de Buenos Aires se hicieron eco de la noticia) porque, entre los fundamentos de la medida, Arias mencionó como atenuantes de la condena el hecho de que Weiss “no tenía completos los estudios secundarios” y que era “único sostén de familia”.
Otros temas
Además del caso Arias, el Consejo de la Magistratura fijó para el 29 y 30 de octubre en Ushuaia, y para el 5 y 6 de noviembre en Río Grande, las entrevistas a los postulantes a ocupar los distintos cargos vacantes de jueces, según los concursos públicos que se encuentran en trámite y que ya superaron las instancias de inscripción y de examen psicofísico.
Por otro lado continúan avanzando los pedidos de expedientes y la remisión de documentación vinculados con las denuncias en trámite contra la jueza Laboral de Río Grande, Edith Cristiano, por parte de directivos de la empresa Lenga Patagonia, y del juez de Familia de Ushuaia Alejandro Ferretto.
