n estos días, la Unión Transitoria de Empresas, integrada por Ormas y Andrade Gutiérrez, presenta, ante el Superior Tribunal de Justicia, una demanda al Estado Provincial por la rescisión del contrato para la construcción del Puerto Caleta la Misión.
La UTE reclamó una deuda de capital de 94,5 millones de pesos, en concepto de improductivos por la paralización de las obras, ocurrida en octubre de 1999.
En diciembre de 2012, la Justicia fueguina declaró operada la caducidad de instancia sobre Caleta La Misión.
Las empresas presentaron un recurso extraordinario para que la cuestión pueda ser abordada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les fue concedido en mayo de 2013.
Ante las versiones de que el Ejecutivo Provincial estaba realizando gestiones para la continuidad de la obra. El Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, en octubre de 2014, le indicó a la gobernadora Fabiana Ríos que, al igual que sus funcionarios, deberá abstenerse de iniciar cualquier tipo de negociación con las empresas, sin su participación. Advirtió que en caso contrario demandará judicialmente a los involucrados, al considerar que “tal conducta, según sea el caso, como defraudatoria y/o lesiva de los intereses provinciales”.
Martínez de Sucre planteó que “existiendo hasta el momento una sentencia favorable a los intereses del fisco” los funcionarios provinciales no pueden iniciar negociación alguna con esas empresas sin la intervención del órgano que ejerce la representación judicial de la Provincia.
A mediados de 2010, el gobierno de Ríos inició negociaciones con el Institut Francais de D´Etudes Financieres Independant (IFEFI), la empresa Piedrabuena y la UTE Ormas–Andrade Gutiérrez para alcanzar un acuerdo que posibilitara la culminación de la obra, a cambio de la concesión del nuevo puerto por 40 años y de que quedara sin efecto cualquier reclamo judicial indemnizatorio contra la Provincia.
El decreto 2861/13 declaró “el carácter reservado de las actuaciones (…) a fin de no vulnerar las estrategias jurídicas y procesales en defensa en juicio del Estado Provincial”.
A fines de ese año, cuando todo parecía encaminado a concluir exitosamente, trascendió que el grupo inversor francés estaba afectado por un proceso de quiebra.
La novedad desarticuló la intención del Ejecutivo y enterró la posibilidad de la reanudación de la obra.
