l secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Carlos Córdoba dio una explicación ante la Justicia sobre uno de los audios que lo compromete con el presunto cobro de dinero para incorporar personas no afiliadas al sindicato a un listado de beneficiarios de viviendas sociales, en la causa conocida como el “escándalo de las viviendas futuras de ATE”.
Córdoba concurrió a prestar declaración indagatoria el pasado lunes 10, y aunque se negó a declarar ante el juez de instrucción Javier De Gamas Soler, presentó un escrito en el que ofreció algunas explicaciones para intentar desvincularse de la maniobra que puso en jaque al principal gremio estatal de la provincia.
En ese documento, el líder sindical se refirió al audio agregado a la causa que fue extraído del teléfono de Daniel Belbey, el ex integrante de la comisión de viviendas de ATE relacionado con el caso que se quitó la vida el pasado 1 de junio, cuando los hechos se hicieron públicos mediante una denuncia presentada por el propio Córdoba.
En ese audio, el secretario general de ATE utiliza la frase “no me trajiste verdes”, y el fiscal Nicolás Arias interpretó que se refería “a la entrega de moneda extranjera por el supuesto pago para acceder a los listados de una persona desconocida”.
Sobre ello, Córdoba detalló en el escrito que, en realidad, le había prestado dólares a Belbey, y que su ex compañero de comisión directiva “se los estaba devolviendo en pesos”, de ahí su comentario acerca de si le había “traído los verdes”, según revelaron a este medio fuentes judiciales.
Por otra parte, el sindicalista admitió que fue al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a realizar gestiones vinculadas con la construcción del barrio social en Barrancas del Río Pipo, pero negó haber solicitado la incorporación al listado de beneficiarios de viviendas de personas ajenas al gremio.
En ese punto, la afirmación de Córdoba se contradice con el testimonio prestado en la causa por la directora general del IPV, Marta Susana Benítez, quien declaró que tras el rechazo de siete postulantes que no resultaban afiliados, Córdoba “insistió respecto a la incorporación de los mismos a los listados de aspirantes, aún sin encontrarse afiliados al gremio”.
Según el fiscal Arias, la gestión del dirigente de ATE fue realizada “en compañía de Lilian Galli” y “en al menos dos oportunidades, coincidiendo con la nota presentada por Córdoba al ministro de Gobierno solicitando la inclusión de personas ajenas al gremio”.
Galli es otra integrante de la comisión directiva de ATE, ex secretaria de Acción Social, también imputada en la causa.
En su relato de los hechos, Córdoba sostiene que fue al IPV con Galli y “se sorprendió” de que en el listado de beneficiarios hubiera personas no afiliadas, aunque “no hicieron gestiones para reincorporarlas”.
Galli prestó declaración indagatoria el pasado martes 11 de septiembre y, en la misma línea, negó haber hecho gestiones por los “no afiliados”.
La mujer también tuvo que explicar un audio agregado a la causa, donde se la escucha decirle a otra mujer, presunta damnificada de la maniobra y no afiliada al sindicato, que intentaría solucionarle el problema.
Según la versión de Galli, esa persona tendría un parentesco con Miguel Ángel Arana, ex titular de la comisión de viviendas de ATE e imputado en la causa, y la intención de aquel audio habría sido “proporcionarle una contención humana” a quien habría sido estafada por Arana, pero de ninguna manera suponía realizar una acción contraria a la ley.
En especial en el caso de Córdoba, el fiscal Arias consideró en el requerimiento de instrucción que su conocimiento de todo lo sucedido se le puede imputar por tratarse de la máxima autoridad del sindicato.
“Si bien estas circunstancias permiten considerar la intervención de Córdoba en las maniobras defraudatorias descriptas, debe considerarse además que, por su condición de Secretario General de ATE y por tener a cargo el manejo de la administración de tales viviendas para adjudicar entre sus afiliados, quebrantó la confianza de los mismos al intentar procurar para terceros aquellas, perjudicándolos patrimonialmente. Los intereses pecuniarios reconocidos en la expectativa de los afiliados de ATE de ser adjudicatarios de una vivienda co-financiada por el Gobierno Nacional se vio frustrada con la incorporación de terceros ajenos al gremio en los listados presentados ante el IPV por las autoridades de ATE, entre ellos el propio Córdoba”, afirma el requerimiento.
Del otro lado, el abogado defensor de Córdoba, Jorge Pintos, insiste en que su cliente “no conocía” los pormenores de la maniobra y que al enterarse de las irregularidades por los damnificados, de inmediato realizó la correspondiente denuncia penal.
El argumento defensor es que si hubiese estado involucrado, no tiene sentido que se haya presentado como denunciante.
En tanto los investigadores advierten que en el expediente existen otros audios, y en especial un video que apareció en la computadora personal de Arana, donde la situación de Córdoba queda comprometida.
Más indagatorias
Además de Córdoba y de Galli, el miércoles declaró Enrique Moscozo Panozo, quien figura como titular de cheques con los que se adquirieron maquinarias viales para la empresa de Arana y su pareja, Gisela Escobar, y que a su vez después figura en un contrato de comodato por el uso de esas mismas máquinas.
Esta parte de la causa es la que está enfocada en investigar si existió “lavado de dinero” en la hipótesis de que parte del dinero surgido de la operatoria de las viviendas se podría haber utilizado para comprar máquinas viales, luego alquiladas a terceros, entre ellos varios organismos públicos. Esas maquinarias ya fueron embargadas por la justicia y cedidas al Gobierno en calidad de depositario judicial.
El cronograma de citaciones a prestar declaración indagatoria continuará mañana con Francisco Freire Acosta, titular de la inmobiliaria “Proyectos Inmobiliarios S.R.L”, donde se ofrecieron algunas de las viviendas de ATE (hay que ver si con o sin conocimiento de la maniobra) mientras que el viernes 28 declarará Hugo Fabián Aguirre, relacionado también con la inmobiliaria.
Leandro Santillán Mulvihill declarará el martes 2 de octubre y Omar Alberto Calquín el viernes 5 (ambos acusados de haber actuado como intermediarios); Martín Arana (hijo de Miguel) lo hará el jueves 11 y Escobar el martes 16.
Por último, Miguel Arana, el principal sospechoso, fue convocado para el jueves 18 de octubre a las 10 de la mañana.
