or mayoría se aprobó un proyecto de ley que suspende la entrada en vigencia del capítulo sobre el Impuesto Inmobiliario del Código Fiscal, hasta tanto “la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida respecto de los recursos de queja interpuestos contra la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia” de la Tierra del Fuego, en la que se resolvió “que la Provincia resulta titular de las potestades constitucionales que determinaron el dictado de la ley 1075, razón por la cual se encuentra ajustada a derecho la decisión de retomar su atribución con las facultades que le resultan inherentes respecto al impuesto inmobiliario sobre todos los inmuebles ubicados en su territorio, ya sea que se encuentren en centros urbanos o zonas rurales…”.
De esta manera, la determinación y percepción del inmobiliario urbano seguirá en manos de los Municipios hasta que el máximo Tribunal Judicial defina respecto de las presentaciones realizadas por las Municipalidades de Río Grande y Ushuaia contra el fallo de la Corte Provincial, en el entendimiento de la mencionada ley avasalla la autonomía de los municipios.
La norma sancionada ayer, a instancias del proyecto presentado por el legislador Ricardo Furlan -del bloque oficialista-, contó únicamente con el acompañamiento de sus pares de bancada, no así de los que parlamentarios de la oposición.
La bancada del MPF formuló las críticas más duras a la iniciativa, argumentando que las idas y vueltas que se han registrado en torno al tema atentan contra la seguridad jurídica de la provincia. Tras reiterar que a entender de esa fuerza política la determinación y precepción del impuesto inmobiliario Urbano corresponde a los municipios, se cuestionó que el Frente de la Victoria utilice al Parlamento para resolver su interna partidaria. “Si la relación de la Gobernadora con el Intendente Vuoto es mala aprueban una ley para sacarle a los Municipios el inmobiliario Urbano. Si la relación es buena aprueban un proyecto para suspender los efectos de una ley que ya tiene plena vigencia por mandato judicial”, señaló el legislador Pablo Villegas. En tanto, su par de bancada, Mónica Urquiza reclamó que se explicarán las razones técnicas que motivaban la suspensión de los efectos de la ley 1075.
Desde el radicalismo, fue Pablo Blanco quien anunció que esa bancada no acompañaría el proyecto, de la misma manera que no había votado favorablemente la sanción de la ley 1075. Aprovechó para cuestionar al intendente de Río Grande y a los referentes de otros partidos políticos afines a la figura de Gustavo Melella “que critican lo mismo que hacen”. Dijo que para 2018 ese municipio había estimado ingresos por inmobiliario urbano por 51 millones de pesos y que para 2019 por 70 millones de pesos. “Con el mismo ejido urbano piensa recaudar casi un 50%” sostuvo, dejando entrever que esa mayor recaudación respondería a un incremento de alícuota o de la base imponible.
Más allá que las explicaciones esgrimidas desde el oficialismo no resultaron muy convincentes, se reiteró el argumento del riesgo de doble imposición que se había esgrimido cuando se dispuso la primera suspensión parcial de la ley 1075, los votos propios alcanzaron para la aprobación del proyecto.
Es de tener en cuenta que más allá de las críticas, el radicalismo habilitó con sus votos que el proyecto presentado sobre tablas pudiera ser incorporado al Orden del Día y obtuviera el dictamen correspondiente.
Lobo, por ahora sigue siendo Lobo
Distinto panorama se dio en torno al proyecto del Ejecutivo que busca incorporar, a solicitud de YPF y por razones de conexión hidráulica, el área hidrocarburífera Lobo al área CA 1.
En este caso fue el radical Pablo Blanco quien, sin explicitar motivos, solicitó que el asunto -que no contaba con dictamen de comisión pero que integraba el orden del día- fuera remitido a comisión. El oficialista Daniel Harrington pretendió pulsear políticamente con el radical, por lo que mocionó que el proyecto fuera tratado como último asunto del día. Blanco le refresco a Harrington que ese proyecto “lo tratemos primero o último” no iba a contar con los 10 votos necesarios para ser tratado sobre tablas. Tras un breve cuarto intermedio, durante el que se supone se le explicó al justicialista que insistir con su postura podía derivar en el rechazo del proyecto en cuestión, Harrington también mocionó el pase a comisión.
Nueva excepción para Renacer
El único proyecto de ley ingresado sobre tablas que consiguió unánime respaldo fue el que prorrogó por otros 24 meses a favor de la Cooperativa de Trabajo Renacer Ex Aurora Limitada, la excepción de pago de los servicios brindados por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios y la Dirección Provincial de Energía.
