l juez de instrucción de Río Grande Raúl Sahade aceptó ayer el nuevo requerimiento de instrucción suscripto por el Fiscal Mayor Guillermo Quadrini, en el que imputó al intendente Gustavo Melella del presunto delito de “abuso sexual agravado”, e intimó al funcionario a presentarse en el juzgado “en 24 horas” para “notificarlo personalmente de derechos y garantías”, confirmaron fuentes judiciales.
La intimación a Melella es bajo apercibimiento de “ordenar su traslado por la fuerza pública" si es que la ausencia no resultara justificada, aunque el intendente viajó en la víspera a Buenos Aires y podría esgrimir que está cumpliendo tareas propias de su cargo.
Según el oficio del juez Sahade revelado por Infobae, el magistrado dispuso también la citación a los tres denunciantes que tiene el caso, para el próximo 7 de noviembre, a los efectos de ratificar dos de ellos su condición de querellantes, y entregar sus equipos celulares para ser peritados, como había pedido el abogado que los representa, Francisco Giménez.
Sahade también citó para que testifique mañana al custodio y ex chofer de Melella, Hugo Moya, y a Norma Beatriz Gauto y para el 8 de noviembre, al abogado Alejandro de La Riva, primer letrado al que contactó Rivas, que desistió de defenderlo.
Nuevo requerimiento
El fiscal Quadrini volvió a imputar ayer a Melella del presunto delito de "abuso sexual coactivo" en tres casos, después de que el juez había desestimado las acusaciones anteriores.
Melella fue denunciado por pedir favores sexuales a tres trabajadores indigentes a cambio de empleo, aunque el juez Sahade resolvió el pasado jueves “anular” los dos dictámenes fiscales promovidos en el expediente, al considerarlos “infundados” y “contradictorios” entre sí.
Sahade decidió, entonces, volver a correrle vista de las actuaciones a la Fiscalía para que se realizara un nuevo dictamen que englobara la situación de las tres presuntas víctimas.
De este modo, el fiscal Quadrini respondió a la solicitud del magistrado y elevó un nuevo “requerimiento de instrucción” donde solicita que se investigue al intendente por el delito de “abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, en perjuicio de tres víctimas”, sostiene el escrito.
Según Quadrini, en las declaraciones testimoniales de los denunciantes “lucen aspectos sustanciales en torno a presumibles ataques contra su integridad sexual”, motivo por el que “merecen ser investigados”.
El fiscal también le pidió al juez “diversas medidas probatorias” que no fueron especificadas.
El caso contra Melella comenzó el pasado 30 de agosto, cuando el abogado Francisco Giménez denunció judicialmente a dos empresas contratistas del municipio por facturar obras públicas que no se habrían realizado.
De la denuncia surge que los trabajos, en realidad, fueron concretados por los trabajadores de la construcción Damián Rivas, Alfredo Suasnabar y Mario Lovera, quienes -además- dijeron haber recibido pedidos de favores sexuales por parte de Melella, a cambio de ser contratados, primero, y luego para poder cobrar.
Rivas y Suasnabar instaron las dos primeras acciones por abuso que fueron desestimadas sin investigar por el fiscal subrogante Pablo Candela.
Después de que la causa se hiciera pública, el fiscal Quadrini imputó a Melella de presunto “abuso sexual coactivo” a raíz de la denuncia de Lovera.
El juez Sahade evaluó que los dos dictámenes contradictorios generaban una “paradoja procesal” e “incertidumbre”
“Frente a tres hechos denunciados que resultan sumamente similares entre sí, casi iguales (amen de tratarse de presuntas víctimas distintas) se cuenta con dos dictámenes contradictorios”, señaló el magistrado y además criticó que tanto Candela como Quadrini no habían fundado debidamente sus pronunciamientos.
Con la nueva acusación de Quadrini, ahora, por los tres hechos, el magistrado puede iniciar la investigación que según Giménez “había retornado a foja cero” y puede tomar medidas de prueba consideradas “fundamentales” como la realización de pericias sobre los teléfonos celulares de los denunciantes y del propio funcionario involucrado, indicaron las fuentes judiciales consultadas.
Melella esperaba la definición fiscal para prestar una “declaración espontánea” ante la Justicia, según anticipó su abogado defensor, Francisco Ibarra.
El intendente sostiene que las denuncias forman parte de una “campaña sucia” para debilitar su candidatura a gobernador el año próximo.
