n un Informe Final de la Auditoría Previsional que realizo el Tribunal de Cuentas de la Provincia, se hace especial mención a la situación del recupero de jubilaciones que fueron mal otorgadas a beneficiarios, todas ellas según lo que dicen las incompatibilidades de los artículos 66 y 67 de la ley 561.
En el informe se consigna que el recupero de los montos adeudados por los beneficiarios de jubilaciones mal otorgadas, resultan tardío “lo que pone en riesgo la devolución total del mismo” y que de “los casos analizados se verificó que el organismo recuperó aproximadamente el 30% de las sumas adeudadas”.
Cabe indicar que la posibilidad de recuperar los montos mal pagados, están “atados a variaciones en el haber jubilatorio y la expectativa de vida del beneficiario”, indica la Auditoría.
Los montos
La auditoría señala que se verificó la existencia de una serie de beneficiarios que incumplieron lo normado en los artículos 66 y 67 de la ley 561, con los cuales las cifras a recuperar se encuentran pendientes de determinación por parte de la Caja de Previsión y que hasta el momento se pudo establecer una serie de casos que ascienden a un monto total de 7 millones 141 mil 897 pesos, de lo cual se ha podido verificar que hay 6 millones 705 mil 973 pesos (93,90%), en relación al total a recuperar.
Hasta el momento, se pudo establecer el siguiente cuadro de situación:
-Devuelto: 739 mil 275 pesos (11,02%)
-En devolución: 1 millón 325 mil pesos (19,76%)
-Pendiente de devolución: 1 millón 608 mil pesos (23,99%)
-Sin devolución 2 millones 983 mil pesos (44,48%)
-Incobrable: 28.699 pesos (0,43%)
Las recomendaciones
En la auditoría, el organismo de control dispuso una serie de recomendaciones que deben adoptar las autoridades de la Caja de Previsión Social, entre ellas:
-Adoptar medidas a efectos de acelerar el recupero de los montos adeudados por los beneficiarios y garantizar su percepción, en caso de deceso del beneficiario o cualquier otra causal que impida su cobrabilidad.
-Instar al organismo a crear un área que se encargue de la verificación y cumplimiento de lo establecido en los artículos 66 y 67 de la ley 561 (incompatibilidad). Debiendo verificar a su vez, la real supervivencia de los beneficiarios, particularmente aquellos que posean elevada edad o hayan recibido la jubilación por invalidez.
-Intervención del área legal a efectos de determinar la existencia o no de perjuicio fiscal, habida cuenta de las elevadas sumas de dinero que se encontrarían prescriptas de acciones que persigan su recupero por el organismo.
-Adoptar medidas que permitan revisiones o juntas médicas resueltas en tiempo oportuno y con mayor frecuencia conforme las particularidades de cada caso, ello en cuanto a las jubilaciones por invalidez que poseen carácter provisorio.
Por invalidez
En la Auditoría se hace mención especial sobre las jubilaciones por invalidez, donde se verifica que las revisiones médicas resultan escasas y dilatadas en el tiempo, habida cuenta del carácter provisorio que posee la prestación durante los primeros 10 años.
Cabe destacar que la normativa previsional prevé que desaparecida la incapacidad, causal de la prestación, el afiliado deberá ser reintegrado al último cargo que desempeñó u otro con jerarquía equivalente o superior, quedando extinguido el beneficio a partir de la fecha de su reincorporación.
