ste día, el gobierno chileno pide a Gran Bretaña que intervenga en el conflicto limítrofe con Argentina y que arbitre sobre la delimitación fronteriza en el canal de Beagle. Aunque el diferendo estaba centrado sobre la adjudicación de las islas Lennox, Picton y Nueva, y los espacios adyacentes que se desprendían de esa posesión, el pedido de Santiago avanzaba sobre cuestiones que ya habían sido resueltas en el Tratado de Límites de 1881.
Chile solicitó “que el árbitro determine la jurisdicción sobre el canal de Beagle para tener derecho, sin discusión, a las islas cuestionadas, y la exclusividad pesquera y el tráfico marítimo (…) desea la adjudicación de las islas disputadas, invocando, entre otros supuestos títulos, la ocupación mantenida” (Juan Carlos Moreno, diario La Nación, 10/3/1968).
El autor del artículo considera que la “jurisdicción sobre el canal de Beagle y sus islas robustecería su pretensión de una parte del sector argentino de la Antártida, donde ya ha establecido bases navales en las islas Decepción y Livingston”.
Finalmente, en 1971, se firmó el Compromiso de Arbitraje entre ambos países para someter al veredicto británico el llamado «martillo del laudo», un polígono en el que se hallaban ubicadas las islas Lennox, Picton, Nueva, Gratil, Augustus, Snipe, Becasses, Gable y otros islotes.
En 1977, se conoció el fallo, que fue favorable a Chile en la mayoría de los reclamos. La dictadura argentina rechazó el veredicto y extendió sus pretensiones hasta el Cabo de Hornos. Ambos países se prepararon para la guerra.
El 22 de diciembre de 1978, la Junta Militar argentina ordenó ocupar las islas en disputa y el inicio de combates parecía inevitable. Pocas horas después, cuando estaba en pleno curso la escalada bélica, los militares argentinos decidieron desmontar el operativo de ocupación de las islas y la intervención papal hizo retomar las negociaciones diplomáticas con la mediación del cardenal Antonio Samoré.
La mediación papal llevó a cabo arduas gestiones para hacer retornar a las partes a la mesa de diálogo y obtuvo que se acordaran las cláusulas del Tratado de Paz y Amistad.
Una consulta popular, dispuesta por el gobierno de Raúl Alfonsín, ratificó ampliamente el tratado. La dictadura de Augusto Pinochet también lo aceptó y se consumó la firma del acuerdo, el 29 de noviembre de 1984, poniendo fin al conflicto.
