or cuarta vez en la historia de la Provincia, la Administración Pública Provincial se manejará durante el próximo año con el presupuesto reconducido del 2018.
Ya verificado que no está previsto que la Legislatura sesione en el día de hoy y que producto de los asuetos administrativos dispuestos para el 28 y 31 de diciembre tampoco podrá hacerlo antes de que finalice el año en curso, el lunes venidero se aplicará automáticamente el anteúltimo párrafo del artículo 67 de la Constitución, que textualmente reza que “la falta de sanción de la Ley de Presupuesto al 1° de enero de cada año en que deba entrar en vigencia, implica la reconducción automática de las partidas vigentes al finalizar el ejercicio inmediato anterior”.
En función de ello, y de lo que establece el artículo 27 de la ley 495 (de administración financiera), el Poder Ejecutivo “deberá introducir en los presupuestos de la Administración central y de los
organismos descentralizados” los siguientes ajustes: en los presupuestos de recursos deberá “eliminar los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente; suprimir los ingresos provenientes de operaciones de crédito público autorizadas, en la cuantía en que fueron utilizados; excluir los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior, en el caso que el presupuesto que se está ejecutando hubiera previsto su utilización; estimar cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio, e incluir los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución, cuya percepción se prevea ocurrirá en el ejercicio. En tanto que en los presupuestos de gastos deberá “eliminar los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos; incluir los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas que se deban aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de convenios previamente suscriptos con los requisitos de la normativa vigente; incluir los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios, respetando la distribución preexistente por funciones y entre gastos corrientes y de capital, y adaptar los objetivos y las cuantificaciones, en unidades físicas de los bienes y servicios a producir por cada entidad a los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes anteriores”.
Además, y tal lo prevé el artículo 8, inciso b) de la ley 1060 (de Ministerios), el Poder Ejecutivo está facultado “a través del Ministerio de Economía y con la intervención del Ministerio Jefatura de Gabinete, a efectuar las reestructuraciones de crédito del Presupuesto General de la Provincia, que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de esta
Ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas y
subpartidas existentes o crear otras nuevas y asimismo a poder reestructurar, desdoblar, suprimir y transferir o crear servicios”.
La de este año será la cuarta oportunidad desde la provincialización que el Ejecutivo deberá recurrir a este remedio de excepción para garantizar el normal funcionamiento del Estado Provincial.
La primera vez en que se debió reconducir un presupuesto fue en 2008, durante la primera gestión gubernamental de Fabiana Ríos. Situación ésta que se repitió al año siguiente, lo que derivó en que durante esos dos años (2008 y 2009), la provincia se manejara con la adecuación de los créditos presupuestarios aprobados para el año 2007.
También durante la gestión Ríos, en esta caso al inicio de su segundo mandato al frente del Ejecutivo, se registró la tercera reconducción del presupuesto provincial.
Posturas encontradas
La alternativa que manejaban algunos parlamentarios sobre la posibilidad de tratar el proyecto de presupuesto 2019 luego de iniciado el período de sesiones ordinarias del próximo año, parece haber naufragado ya que otros Legisladores interpretan que una vez reconducido el presupuesto del año anterior, el Parlamento pierde la facultad de legislar en la materia, salvo que el Poder Ejecutivo remita un nuevo proyecto.
