n un intento por lograr un equilibrio entre el derecho de los niños y adolescentes a la educación y el de los trabajadores al de huelga, un grupo de padres presentó ante la Legislatura un proyecto que apunta a que en la provincia se declare “a la educación y el conocimiento como servicio público de importancia transcendental” para así garantizar la prestaciones mínimas “en caso de conflictos colectivos” que por su duración pongan “en riesgo efectivo la pérdida del año lectivo educativo”.
La iniciativa ingresó a la Legislatura como asuntos de particulares el lunes 17 de diciembre, por lo que recién tomará estado parlamentario cuando inicie el período de sesiones ordinarias de este año.
Recién entonces se sabrá si algunos de los bloques parlamentarios decidirá impulsar o no su tratamiento.
El proyecto propone modificar el artículo 1° de la ley provincial 1018 (de Educación) para incorporar “la convención de los derechos del niño y la ley 26061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes” dentro del marco de normativas que actualmente regulan y garantizan “el ejercicio del derecho humano personal y social de enseñar y aprender en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur”, e incorporar un nuevo artículo en el que se declara a “la educación y el conocimiento como servicio público de importancia transcendental” y se fija la garantía de la prestaciones mínimas que garanticen el servicio educativo en caso de conflictos gremiales, incluyendo el de “comedores escolares y limpieza” de los establecimiento educativos.
Los firmantes del proyecto destacan la importancia que la educación tiene como elemento sustancial para “la equiparación de oportunidades dentro de las sociedades democráticas, fomento de la inclusión social, y factor determinante a favor de la cohesión social y base del adelanto económico que da lugar al Estado del bienestar”.
Afirman que el derecho a la educación “está contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales Económicos y Culturales, y la Convención sobre los Derechos del Niño”, recuerdan que ese derecho “se encuentra explícitamente consagrado en la Constitución Nacional y Provincial”, a punto tal que la carta magna fueguina establece que “la educación es un cometido esencial, prioritario e indeclinable del Estado, considerando como un deber de la familia y de la sociedad”.
Sostienen que en base a ese reconocimiento la educación debe ser entendida como un “servicio público de importancia trascendental” para evitar que “los niños, niñas y adolescentes sean damnificados en su Derecho a la Educación y que se produzcan daños irreparables en momentos centrales de su desarrollo evolutivo intelectual”.
Si bien no se precisa el origen de los datos, aseguran que los alumnos de las escuelas públicas primarias que egresaron en 2018, producto de “paros, problemas edilicios y sabotajes”, perdieron más de 180 días de clases y de contenidos en el transcurso de sus 6 años de primaria”. Es decir, “han perdido un año de ciclo lectivo completo” lo que los deja en evidente desventaja respecto de aquellos alumnos que han cursado estudios tanto en “escuelas públicas de gestión privada” como en la denominadas “experimentales”.
En cuanto a la potencial afectación que su iniciativa tendría respecto del derecho a huelga, sostienen “el comité de la Organización Internacional del Trabajo, en el mes de abril del corriente año (2018)” ante una denuncia presentada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina por “posibles limitaciones institucionales al libre ejercicio de la actividad gremial en la Provincia de Tierra del Fuego” respondió que “que el derecho a huelga no es absoluto, más cuando se atenta a la seguridad pública, así también les recordó que en caso de larga duración a la huelga en el sector de la educación pueden establecerse servicios mínimos”.
Cierran su presentación recordándoles a los Legisladores que “es deber de los representantes de la Provincia de Tierra del Fuego velar, preservar y defender los Derechos a la Educación de los niños, niñas y adolescentes, que año tras año son avasallados por el Derecho a Huelga de los Docentes”.
