ntre enero y diciembre del año pasado por la distribución de los recursos por impuestos coparticipables Tierra del Fuego recibió 11.823 millones 606 mil pesos, suma que representa un incremento del 40,5% respecto al año 2017, cuando los ingresos por ese concepto alcanzaron la cifra de 8.414 millones 658 mil pesos.
Cabe destacar que en el informe de la distribución de los fondos, no están incluidas las transferencias del FONAVI, el régimen de energía eléctrica FEDEI, y el impuesto a los combustibles que se destinan a Vialidad.
El informe oficial indica que a nivel país los recursos coparticipados totalizaron 1,05 billones de pesos, lo cual representa un 43,4% más que en 2017; mejora que se explica en la distribución de los fondos que antes se destinaban a financiar a la ANSES y al efecto de Ganancias que fue modificado por el Acuerdo Fiscal de Noviembre 2017.
Respecto al Fondo Federal Solidario, Tierra del Fuego recibió el año pasado 191 millones 701 mil; un 15% menos que respecto al 2017 cuando se recibieron 225 millones 910 mil pesos. Eso se debe a la derogación de la existencia de esos recursos, ocurrido el 14 de agosto, mediante Decreto PEN 756/2018.
Macri resolvió derogar el Decreto 206/2009 que creó el fondo, eliminando así las transferencias a provincias del 30% de las retenciones al complejo sojero. Este fondo estaba afectado al financiamiento de la obra pública, y también se coparticipaba a los municipios, en promedio.
Judicialización
Tierra del Fuego es una de las pocas jurisdicciones del país que resolvió judicializar la eliminación del fondo sojero, reclamando su restitución. Así, por directivas de la gobernadora Rosana Bertone el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre promovió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de declarar inconstitucional el decreto N° 756/2018 y suspender los efectos del mismos.
Entre los argumentos expresados, el Fiscal de Estado enfatiza que no es posible su derogación unilateral por cuanto dicho Fondo se constituyó a partir de un acuerdo con los gobernadores y la única forma de derogarlo es a través del mismo procedimiento.
El documento agrega que la suspensión del Fondo Federal lesiona las condiciones acordadas de buena fe en el Consenso Fiscal, las cuales no son susceptibles de ser modificadas unilateralmente y que atentan contra el derecho a la educación, la salud y, en general, el desarrollo social de los destinatarios.
También, en lo expuesto por el Fiscal de Estado, se expresa que la arbitrariedad que conlleva un decreto de necesidad y urgencia atenta contra los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes.
