ste día, el diario “El Llanquihue” de Puerto Montt publica una denuncia sobre abusos de las autoridades policiales contra chilenos radicados en el oeste chubutense, culpando al gobernador Jorge Lezana por haber realizado una campaña de difamación con el propósito de expulsarlos de la zona.
La campaña se divulgó “en la prensa manifestando que todos esos campos, o sea las zonas andinas de Chubut (…) eran ocupadas por bandidaje chileno, y que los intereses de los ciudadanos caracterizados de allá estaban en grave peligro…” (Citado por Ernesto Maggiori. Historias de Frontera).
El artículo acusa a Lezana de pactar con un comisario instalado en Cholila, para “matar” a un subalterno suyo, inspector de policía, y echarle la culpa “a los chilenos. Pero el crimen fracasó porque el inspector logró escapar herido con una bala en el cuello hasta Esquel, donde denunció a los verdaderos culpables”. Pero este hecho fue opacado por otro crimen: “un sirviente del comisario murió víctima de quince puñaladas que le propinaron el sargento y el cabo comisionados para el asesinato”.
Luego, acusó a los chilenos de su autoría y argumentó que su permanencia en la región “hacía imposible la estabilidad” y “no había más remedio que expulsarlos para asegurar la tranquilidad”.
Esta idea “obedecía a un interés personal que tenía en esos campos. Según se pudo saber después, que contaba con la promesa de la Compañía de Tierras de Sud Argentina de ser habilitado con diez mil vacas para que crie una estancia en esos campos”.
El acoso continuó por la vía de la imposición de gravámenes. “Después el gobernador mandó un comisario a la cordillera, que instaló su comisaría accidentalmente en El Bolsón y allí mismo comenzó a reunir a los chilenos. Reunidos ya todos los que necesitaba, principió a leerles el código y con tono imperativo les decía: Todos Uds. son infractores del Art. 6 del Código Rural, y por lo tanto, tienen una multa de cincuenta pesos cada uno”. Sin apelación ninguna tuvieron que pagarles calladitos”. Algunos se opusieron, pero luego “tuvieron que entregar no sólo esa suma sino que cincuenta pesos más por cada palabra que hablaron y pasar varios días y noches engrillados a la intemperie. Hubo uno que pagó quinientos pesos y el último ciento cincuenta; y esto sin incluir el canon principal que se les cobraba” (op.cit.).
