l abogado de Ushuaia Jorge Pintos calificó ayer como “una desprolijidad” y una “intromisión de un poder sobre otro”, a la decisión que adoptó el Consejo de la Magistratura de la provincia de delegar en la Secretaría Legal y Técnica del gobierno provincial el patrocinio para contestar un amparo contra el organismo por las presuntas irregularidades en la selección del camarista Civil de Ushuaia Daniel Sacks.
Pintos cuestionó legalmente que Sacks fue elegido a través del mismo concurso donde antes había sido jurado, y que lo votó un consejero al que asesora en forma rentada, entre otras objeciones, por lo que además solicitó que se suspenda la jura del magistrado mientras se desarrolla el proceso.
Por su parte el juez que entiende en el amparo ofició al Consejo de la Magistratura para que exprese su posición respecto de la demanda, lo que motivó que el organismo se reuniera el pasado miércoles 13 de febrero.
Según el acta 539 del Consejo, allí se determinó “encomendar a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de Tierra del Fuego, el patrocinio específico del cuerpo”, y designar al ministro jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz, “a ejercer la representación institucional de la causa, facultándoselo a otorgar poder especial con el objeto de designar apoderado judicial de estimarlo conveniente”.
Entre los fundamentos de la medida, se mencionó la ausencia del presidente del organismo, el juez del Superior Tribunal de Justicia Gonzalo Sagastume (que estaba por viajar) y del vicepresidente, que es el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, sumado a que el Fiscal de Estado adjunto, Maximiliano Tavarone, no puede intervenir en el caso porque fue candidato en el concurso que se cuestiona.
Los consejeros entendieron que delegar la representación legal del organismo en la Secretaría Legal y Técnico del gobierno, a cargo de Gimena Vitali, tuvo el objetivo de “evitar mayores dilaciones de tiempo” ante la “necesidad inminente de elaborar el informe en cuestión”.
Sin embargo, Pintos dijo ayer que el Consejo de la Magistratura es un órgano extra poder y que involucrar en la respuesta a un amparo al Poder Ejecutivo implica “abrir sospechas sobre la connivencia de intereses entre poderes diferentes”.
“Por una cuestión de costumbre, es la Fiscalía de Estado la que se hace cargo de este tipo de intervenciones. Como en este caso no se podía, apelaron a una salida que muestra a las claras las falencias que tiene el sistema de selección de jueces en Tierra del Fuego”, opinó Pintos.
“Es algo totalmente desprolijo. El Consejo de la Magistratura, según la Constitución, figura dentro del capítulo del Poder Judicial. En ningún caso puede asumir su defensa el Poder Ejecutivo. Es como si el gobierno asumiera la representación de la Legislatura o del Poder Judicial. Un poder no se puede meter en otro. Es una clara intromisión”, agregó el letrado.
Además, Pintos dijo sentirse sorprendido de que esto ocurra en las mismas jornadas en que el Poder Judicial ha resuelto adherir al “Código Iberoamericano de Ética Judicial”, que justamente aparece citado en el amparo donde se cuestiona la designación de Sacks.
Otro hecho llamativo que rodea al caso surgió también ayer, cuando trascendió de fuentes tribunalicias que la respuesta al amparo de Pintos finalmente la estaría elaborando un funcionario del Superior Tribunal de Justicia, aunque después vaya a ser presentada por la Secretaría Legal y Técnica, algo que de verificarse crearía una confusión mayor aún a la existente sobre los roles de cada poder.
Pintos sostuvo que el escrito aún no fue agregado al expediente, y que aguardará su presentación formal para luego tomar las medidas que correspondan.
Sospechas en el concurso
En el recurso de amparo, el abogado recordó que Sacks fue integrante del Consejo de la Magistratura, y jurado del concurso para juez de la nueva Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia, declarado desierto en diciembre de 2017, y que en 2018 se presentó como candidato para el mismo cargo, resultando electo por el voto de la mayoría de los consejeros el 13 de diciembre de ese mismo año.
Además, puntualizó que el camarista fue votado por el legislador (UCR-Cambiemos) Pablo Blanco al que asesoró en la legislatura provincial a cambio de 45 mil pesos mensuales, y por el legislador (PJ-Frente para la Victoria) Federico Bilota, con quien compartió estudio jurídico en 2011, sin que ninguno de ellos se haya excusado a la hora de votar.
El demandante consideró que al haber sido jurado y luego candidato a juez para el mismo cargo, el flamante juez de Cámara podría haber representado “intereses opuestos”, algo que está prohibido en forma expresa por la ley provincial 607 que regula la profesión de abogado.
Por otra parte, solicitó la “nulidad de las votaciones” en las que Sacks fue elegido magistrado, basándose en que al menos dos de los consejeros (Blanco y Bilota) “debieron haberse excusado por sospecha de imparcialidad”.
En ese sentido, puntualizó que al momento de realizar su declaración jurada como candidato, el camarista “omitió” consignar que era asesor del legislador Blanco en la legislatura, y agregó que tampoco “habría declarado tener ingresos de un contrato con el ex fondo residual del Banco de Tierra del Fuego”, otro organismo vinculado con el Estado provincial.
Según Pintos, la supuesta inconstitucionalidad del nombramiento radica en que ninguno de los consejeros fundamentó su voto a la hora de la definición del concurso, por lo que tampoco puede saberse por qué descartaron a otros candidatos y se inclinaron por Sacks.
A su vez, el escrito judicial señala que la jura del nuevo camarista constituiría “un bochorno mayor cometido por un poder del Estado, que avalaría un acto de corrupción institucional y generaría responsabilidad internacional del Estado argentino”
