os ciudadanos extranjeros que utilicen los servicios de la salud pública, deberán hacer frente a los gastos, en caso de prosperar un proyecto de ley que impulsa el legislador de la bancada oficialista, Ricardo Furlan, que tiene por finalidad crear en Tierra del Fuego un “Sistema Provincial de Seguro de Salud para Personas Extranjeras”.
El polémico proyecto, solamente establece que el Poder Ejecutivo será el encargado de designar a la autoridad de aplicación y que se deberán materializar convenios de cooperación y reciprocidad con otros países, en materia de salud. Además aclara que se deberá eliminar “toda forma de discriminación y esforzando los lazos de hermandad con todos los países del mundo”.
El texto del proyecto indica que con la sanción de la nueva ley se busca generar “el régimen jurídico aplicable para garantizar la prestación del servicio público provincial de salud a las personas extranjeras que permanezcan en forma transitoria en Tierra del Fuego, con el fin de fortalecer el acceso y pleno goce de derecho a la salud en condiciones igualitarias e integrales, eliminando toda forma de discriminación y esforzando los lazos de hermandad con todos los países del mundo, en base a criterios de justicia distributiva”.
En el artículo tercero de la iniciativa, se delega la facultad en el Poder Ejecutivo para “establecer a través de la reglamentación correspondiente las autorizaciones, modalidades, excepciones, nomencladores y valores retributivos de las prestaciones del seguro provincial de salud para las personas extranjeras alcanzadas por la ley, que no hicieran aportes vía impositiva para solventar los servicios que brinda el Estado, conforme a las normas vigentes debiendo garantizar el pleno acceso a los servicios y capacidad instalada en el sistema”.
De sancionarse la ley, la misma “será de observancia obligatoria para todas aquellas personas extranjeras que permanezcan en el territorio, en forma transitoria”.
Será el Poder Ejecutivo el encargado de llevar adelante “todas las acciones que fueran necesarias para coordinar y articular la aplicación de la ley, con los organismos competentes de orden federal en el marco de la legislación vigente”.
La autoridad de aplicación de la ley “promoverá canales de cooperación con las autoridades competentes de países extranjeros a través de los canales correspondientes con el fin de promover la celebración de convenios de reciprocidad y otros acuerdos en materia de salud”.
