a Fiscalía de Ushuaia elevó un requerimiento de instrucción para iniciar una investigación penal sobre los intentos de estafa de los que fueron víctimas varios jubilados de la provincia (y también empleados públicos) a quienes les requirieron telefónicamente datos personales de sus cuentas bancarias, simulando pertenecer a un estudio de abogados de la ciudad.
En concreto, los autores de la maniobra se comunicaron con las personas para informarles que estaban gestionando el pago de un reintegro que iba a pagarle el gobierno provincial a los jubilados, y que para esos necesitaban datos como su número de cuenta bancaria o clave de identificación personal (CBU).
Las denuncias que dieron lugar a la intervención del fiscal Nicolás Arias fueron presentadas ante la Fiscalía por algunos de los abogados integrantes del estudio jurídico aludido, que dijeron haberse enterado de la maniobra por distintas vías.
Durante el turno de febrero, ingresaron a la oficina del Ministerio Público dos denuncias radicadas por un abogado de la matrícula de la ciudad.
Según consta en el requerimiento fiscal de instrucción, el primer hecho habría ocurrido el 19 de febrero, alrededor de las 11, cuando el denunciante fue advertido por parte de una notificadora de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF), acerca del caso de un beneficiario que habría resultado damnificado.
Puntualmente, esta persona le contó a la notificadora que “se habían comunicado con él con el fin de solicitarle datos personales, de tarjetas de débito y crédito, para realizarle un depósito por un reintegro en base a un decreto de la gobernadora Rosana Bertone”. Y que quien llamó dijo ser un abogado del estudio jurídico involucrado.
El llamado fue de un número privado, y en esa comunicación “habrían informado que falsamente se reintegrarían al afectado la suma de $240.000, por lo que éste les debía aportar sus datos, desconociéndose si los autores habrían de menoscabar su patrimonio”.
Del requerimiento fiscal se desprende que “las personas que llevaron a cabo el accionar descripto, habrían invocado el nombre de un abogado de la matricula local, simulando ser de su estudio”.
En tanto, el segundo hecho ocurrió el mismo día pero una hora más tarde, oportunidad en que el abogado denunciante “fue anoticiado por parte de su secretaria acerca de que un cliente que se hizo presente en su estudio jurídico, le informó que alguien se había comunicado con él simulando ser empleado del estudio”.
En esa comunicación, “le ofrecieron cobrar un reintegro a cambio de información de sus tarjetas, las cuales el damnificado no brindó”.
Para el fiscal Arias, los hechos descriptos constituyen, a simple vista “el delito de estafa, por el primer hecho, y por el segundo, el de estafa en grado de tentativa”, precisó un comunicado de prensa de la Justicia provincial.
La causa formada por estos hechos ya se tramita en el Juzgado de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Sur, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo.
“Ante el reiterado modo de operar, y ante las dificultades para identificar a los autores del delito, se recomienda a la población tomar los recaudos de no brindar datos a quienes emiten este tipo de llamados telefónicos”, agregó la Justicia en el parte de prensa.
Comunicado del estudio
A su vez, el “Estudio de Abogados & Asociados de Tierra del Fuego” emitió días atrás un comunicado aclarando que bajo ningún concepto guardan relación alguna con las maniobras efectuadas por desconocidos a través de estafas telefónicas en la que solicitan datos bancarios a empleados públicos, argumentando que Gobierno va a efectuar un pago de algún tipo.
“Los letrados asociados a este estudio y su personal administrativo, Dr. Juan Carlos Stevenson Alvarez-Santullano, Dr. Gastón Fernández Pezzano, Dr. Juan Manuel Troitiño, Dr. Félix Alberto Santamaría, Dr. Guillermo Echague, Dra. María Fernanda Pombo, María Laura Dávalos y Jorge Luis Vargas, somos totalmente ajenos a los recientes acontecimientos relacionados con llamados telefónicos en nombre de letrados y personal de este estudio, en los que se solicitan datos bancarios (número de cuenta, número de tarjetas de crédito/débito, Pin, CBU, entre otros) a agentes de la Administración Pública o beneficiarios del Sistema Previsional de la Provincia de Tierra del Fuego bajo el pretexto de realización de trámites bancarios, pagos, cobros o de cualquier otro tipo”, indicaron.
También informaron que “ya se ha realizado la pertinente denuncia ante la Fiscalía de turno, por lo cual toda persona que se encuentre afectada por los hechos relatados, deberá dirigirse a los tribunales ordinarios de la provincia ubicados en Congreso Nacional Nº502 para realizar la denuncia correspondiente”.
Incluso el propio gobierno provincial había advertido sobre una denuncia radicada por un empleado público mencionando que a través de un llamado, se informaba sobre un supuesto pago a realizarse por medio del Banco de Tierra del Fuego y que se solicitaba a cambio documentación de la persona e información de datos personales.
