ste día, el contador Gerardo Pedemonte, auditor fiscal del Tribunal de Cuentas, solicita a sus superiores que le indiquen prioridades, debido al volumen de la información a procesar. El auditor investigó irregularidades cometidas en el gobierno de Carlos Manfredotti y abrió “tres expedientes distintos: el 64/2004, con anticipos pagados a proveedores, el 65/2004 con anticipos pagados a funcionarios y el 66/2004 con anticipos de haberes” (El Diario del Fin del Mundo, 08/04/2013).
Este informe fue clave para que la Justicia motorice la causa de la contabilidad paralela instituida en el período 2000-2003. “Así, de los 40 mil libramientos registrados para el período 2003, su investigación individualizó 63 casos sospechosos y de ellos 26 se tradujeron luego en imputaciones penales concretas”.
Cuando estalló el escándalo, gracias a la denuncia judicial de Manuel Raimbault y José Martínez, “sucedió algo llamativo. Todos los poderes y organismos que no habían objetado nunca la metodología, comenzaron a espantarse de las consecuencias y a desempolvar el cúmulo de leyes y otras normativas que impiden el pago sin papeles en ámbito del Estado”.
Tal vez, al ver la magnitud de los delitos cometidos, los encargados de investigar sectorizaron la faena de esclarecimiento al “último semestre”.
Esto derivó en “una investigación antojadiza, enderezada a castigar a uno o dos responsables integrantes de la administración pública (…) de modo de evitar una investigación integral” e impedir “el procesamiento de varios funcionarios políticos y de planta de la administración pública provincial (…) del Tribunal de Cuentas y de la propia Fiscalía de Estado”, sostiene el escrito presentado por la defensa de uno de los imputados, el ex subcontador Félix Donamaría.
Aunque los $191 millones pagados como anticipos en 2002 y 2003 no fueran todos delictivos, el interrogante es “si ese dinero sirvió de fuente de financiamiento para otros hechos de corrupción de la época”.
Manfredotti “creó un sistema para pagar gastos del Estado sin expedientes, sin resguardo presupuestario y sin ningún control. Sólo había que pasar por ventanilla (…) En algunos casos había al menos una factura por el servicio o la mercadería supuestamente vendida al Estado, otras veces ni siquiera eso y, en muchas de las operaciones, si hubo facturas fueron “extraviadas” y nunca se pudieron encontrar” (op.cit.).
