ste día, alrededor de un centenar del “personal subalterno de la Policía Territorial” se acuartela en “dependencias de la escuela de agentes y suboficiales” Ernesto Krund para reclamar, entre otras reivindicaciones, “la renuncia del Jefe y Subjefe de Policía, comisarios Omar Ibarrola y Manuel Vallejos, respectivamente” (Diario Tiempo Fueguino, suplemento 10 años, 23/8/1997).
Los policías amotinados distribuyeron un petitorio donde, además de la renuncia de la cúpula de la institución, reclamaban: “Salarios dignos de acuerdo al índice inflacionario (…) recomposición escalonadamente sobre los salarios (…) incremento salarial del 40%”, “adicional por antigüedad” y “por refrigerio y/o comida”, “Trato humanitario al personal”, “Uniformes y equipamientos acordes con las inclemencias climatológicas de la isla”, “Qué se jerarquice la labor policial no asignando personal a tareas de limpieza”, “Regularizar la situación de Campolter”, “Informe sobre la denuncia realizada por faltante de dinero en la Caja Compensatoria”, “estudio de ascensos denegados al personal subalterno” y “de las bajas producidas en la ciudad de Río Grande”, “Ceses de sanciones y pases persecutorios”. Finalizaban afirmando que no aceptarán “represalias, nuestro pedido es de estricta justicia” (op.cit.).
El grave conflicto desatado por los uniformados recién “se disipó a las 16,30 del día siguiente con la intervención de un grupo armado de la Prefectura Naval”. Como indicio de la tensión que afectaba a Tierra del Fuego, familiares de los amotinados declararon ante los medios de comunicación que “personal de Gendarmería estaba efectuando disparos de metralleta al aire” con el propósito de intimidarlos. Finalmente, se aceptó la renuncia de Ibarrola y se dispuso su “pase a situación de disponibilidad”, quedando a cargo de la institución Manuel Vallejos.
La situación política fueguina estaba pasando por momentos complicados. Eran los primeros meses de la presidencia de Carlos Menem, con un proceso de hiperinflación y agudización de los conflictos sociales. En Tierra del Fuego se expresaba en la crisis de la industria, una aguda pérdida de puestos de trabajo, comienzo del éxodo de los desempleados, ahogo presupuestario y atraso en el pago de los salarios de los empleados públicos. El Ejecutivo fueguino estaba a cargo de Carlos Martín Torres, designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
