l saludable cambio en la estrategia planteada originalmente por el bloque del FPV/PJ -que pretendía que el decreto de adjudicación en venta de 10 mil hectáreas en la reserva Corazón de la Isla quedará ratificado de hecho- habilitó que el tema fuera debatido sobre tablas y que cada bancada pudiera dejar sentada su opinión sobre el tema.
Como era de prever, el resultado de la votación resultó favorable a la ratificación del decreto 620/16 únicamente con los 8 votos de los legisladores oficialistas.
Si bien inicialmente el oficialismo tenía resuelto no autorizar que en la sesión ayer se dictara dictamen, para de esa manera frustra el tratamiento del asunto, finalmente resolvió habilitar ese trámite.
Cumplir con el fallo judicial
Federico Bilota fue el encargado de fundamentar la postura del bloque que preside. El parlamentario realizó un detallado recorrido histórico sobre el reclamo de Mirna Antunovic. Hizo especial hincapié en el decreto que en el año 1999 dictó la gestión gubernamental del MPF para adjudicarle a la reclamante 3.400 hectáreas, instrumento este que fue revocado en el año 2000 por la gestión del justicialista Carlos Manfredotti, como así también en la decisión de la Fiscalía de Estado y de la ex gobernadora Ríos de no recurrir el fallo del Superior Tribunal de Justicia favorable a la pretensión de Antunovic ante la Suprema Corte de Justicia de Nación. Cuestionó que a pesar de haber consentido la sentencia, Ríos dictara un decreto rechazando la adjudicación ordenada por la Justicia, lo que dio lugar a una nueva presentación de Antunovic ante la Corte fueguina reclamando por el incumplimiento de la sentencia, que volvió a ser favorable a Antunovic, aunque como después explicó el radical Pablo Blanco sólo de manera parcial a la pretensión de la demandante.
Bilota dijo que así quedaba demostrado la Gobernadora Bertone se vio compelida por la Justicia a dictar el decreto en cuestión, aun cuando la actual gestión no había tenido intervención administrativa alguna en el tema. “La Gobernadora se tuvo que hacer cargo de resolver algo que ninguna de las anteriores administraciones había querido resolver” afirmó, y dijo que lo hizo respetando el estado de derecho, el principio de seguridad jurídica y el derecho a la propiedad que la justicia le reconoció a Antunovic. En ese marco, adelantó que el bloque del FPV-PJ en atención a esos mismos argumentos acompañaba la decisión del Ejecutivo Fueguino, en el entendimiento que no había contraposición alguna entre el reconocimiento al derecho de propiedad y la protección a la que están sujetas las tierras que integran la reserva natural Corazón de la Isla.
La intervención de Bilota generó un profundo enojo en el mopofista Damián Löffler. Tras anunciar que ni bien asuman el 18 de diciembre los próximos integrantes de la Legislatura, el MPF presentará un proyecto de expropiación de las 10 mil hectáreas, comenzó a interrumpir a los gritos la exposición de Bilota. Le recriminó al Ejecutivo y a los legisladores del oficialismo estar entregando el patrimonio provincial a empresarios amigos (hizo referencia al grupo Newsan y a Trejo), a lo que añadió algunas imputaciones de tono personal hacia Bilota que no alcanzaron a escucharse con claridad y que derivaron en un cruce fuera de micrófono entre ambos parlamentarios, al que se sumó la oficialista Martínez. Los reiterados llamados al orden formulados por el Presidente de la Cámara, lograron no sin dificultad aplacar los caldeados ánimos de los parlamentarios.
La Legislatura tiene facultad para rechazar el decreto
Por el lado de la oposición, el encargado de fundamentar el rechazo al decreto en cuestión fue Pablo Blanco. El radical no se privó de cuestionar a la justicia fueguina, ya que dijo ante situaciones similares aplica criterios opuestos. Puso como ejemplo que el caso de Armando Ruiz, otro antiguo ocupante de tierras fiscales que reclamó ante la Justicia el reconocimiento de su derecho de propiedad sobre 14 mil hectáreas. Dijo que en ese caso el Superior Tribunal de Justicia sólo hizo lugar al reclamo sobre una mínima porción de la tierra reclamada. “Parece que para un caso el Superior Tribunal usa una parte de la biblioteca y en otro la otra parte de la biblioteca”, señaló.
A lo largo de su intervención aprovechó para recalcar en varias oportunidades que el fallo Antunovic contra la Provincia había quedado firme porque la Fiscalía de Estado había recomendado al Ejecutivo no recurrir a la Suprema Corte de Justicia de Nación.
Más allá de ello, recurrió al falló dictado por el Superior Tribunal de Justicia en la demanda por incumplimiento de sentencia, para precisar que la Corte fueguina le reconoció a los Legisladores la facultad de rechazar el decreto de adjudicación a favor de Antunovic, facultad que precisó está conferida tanto por la Constitución como por la ley de Tierras.
Aclarado ese punto, su par de bancada, Oscar Rubinos, sostuvo que entre el derecho a la propiedad de un privado y el derecho de todos los fueguinos a la preservación del medio ambiente el bloque UCR-Cambiemos optaba por este último. Esta postura fue respaldada por el mopofista Pablo Villegas, quien no avanzó mucho más en su fundamentación, ya que prefirió adjuntarla por escrito al diario de sesiones.
En tanto, su par de bancada, Damián Löffler, reclamó que el oficialismo explicara porque cuando el Ejecutivo remitió por primera vez, en el año 2016, el decreto de adjudicación en venta no había tenido interés en tratarlo y ahora sí. “Me gustaría saber qué cambio en estos dos años”, apuntó.
Según Bilota ello fue producto de que no se habían alcanzados los consensos necesarios para tratar el tema en las 4 comisiones a los que había sido girado. Blanco fue más contundente. “No se trató porque no hubo voluntad política de hacerlo” apuntó. Además defendió la modificación de la ley de tierra que le estableció un plazo temporal determinado a la Legislatura para resolver sobre estas cuestiones, que fue aprobada con los votos del oficialismo y de la UCR-Cambiemos, “porque el paso del tiempo no resuelve los temas”.
