ste día, el fiscal federal, Marcelo Rapaport, ingresa una nota al Concejo Deliberante de Río Grande advirtiendo sobre la tolerancia municipal a actividades ilícitas que encubren la prostitución y aseguró que “La Municipalidad no tiene que controlar, tiene que cerrar. No pueden funcionar ni bares, ni whisquerías, ni cabarets que disimuladamente hacen a la trata de personas” (Diario Provincia 23, Río Grande, 30/8/2013).
El fiscal tomó la iniciativa frente el evidente incumplimiento fueguino de las leyes vigentes sobre prostitución. “La Ley 12.331, no permite estas casas de tolerancia, las ordenanzas vigentes hoy, son inconstitucionales, violan la Constitución Nacional, tratados internacionales, es decir no están permitidas” afirmó el fiscal Federal. Luego enfatizó: “el sistema reglamentarista” permitía “las casas de tolerancia, que las mujeres tengan una libreta sanitaria, esto sucedió hasta el año 1937 en Argentina. Con la Ley 12.331, se pasa al sistema abolicionista, es decir a abolir la prostitución, que implica perseguir al proxeneta, a quien regentea las casas de tolerancia, a quien regentea mujeres, pero no persigue a las mujeres, que son en estos casos, siempre víctimas y tampoco persigue al consumidor”.
Rapaport declaró: “Antes se decía que el sistema prostibulario era distinto del conocido como (…) Trata de Personas. Hoy el sistema prostibulario es parte necesaria de la cadena de trata de personas”. Luego añadió: “Es un delito complejo, que tiene una captación engañosa, un transporte ilegal, que tiene una privación ilegitima de la libertad con fines de explotación sexual (…) generalmente a las mujeres que ingresan a estos sistemas se les coloca pelucas, se les cambia el nombre y de a poco, pierden su identidad”.
Sobre la actuación de su dependencia, el funcionario judicial informó “hemos hecho varios procedimientos de trata y estamos en plena investigación en otros, al ser un delito estamos en la parte represiva, pero también hay una parte preventiva”.
El fiscal recalcó que el Concejo debe “deliberar, y sancionar una ordenanza que modifique las ordenanzas vigentes y deje sin efecto las habilitaciones comerciales” y el “intendente de Río Grande no debe extender más libretas sanitarias a las denominadas alternadoras, y lo mismo debe hacer el Hospital Regional Río Grande y las clínicas privadas” (op.cit.).
