n los considerandos se sostuvo que la soberanía española sobre las islas había cesado por la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como nueva nación soberana y reconocida por Gran Bretaña y otros estados, que la había sucedido en los derechos sobre la jurisdicción de los mares del sur. Por esta razón, el escrito presentado por Moreno enfatizaba que Gran Bretaña quedaba excluida del asunto y no tenía derecho a reclamo alguno.
La respuesta llegó seis meses más tarde. Allí, la cancillería británica sostuvo la no extinción de los derechos anglosajones sobre las islas, fundamentados en el restablecimiento del asentamiento de ‘Port Egmont’ en 1771. Alegaba que el posterior abandono de la base se había debido a cuestiones "de austeridad" y no de renunciamiento.
El gobierno argentino calificó la respuesta como insatisfactoria y Moreno volvió a protestar, en esta ocasión, sin obtener respuesta del ‘Foreign Office’.
El gobernador Juan Manuel de Rosas, en aquellos años a cargo de las relaciones exteriores, era proclive a una política de amistad con los británicos. Entonces, Moreno fue nuevamente a Londres con el fin de negociar la eventual posibilidad de ceder los derechos argentinos sobre las Malvinas a cambio de cancelar la deuda remanente con la Baring Brothers. La gestión tuvo resultado negativo.
Otras protestas argentinas se sucedieron en 1841 y 1842. En respuesta a esta última, el gobierno inglés señaló que el acuerdo alcanzado con España en 1771 era de carácter "final", lo que impedía reconocer la potestad de las Provincias Unidas sobre las islas. El ministro Moreno respondió inmediata y enérgicamente: El que suscribe (...) se ve en la obligación de declarar, para evitar que el silencio de las Provincias Unidas no sea interpretado como un consentimiento tácito, que las Provincias Unidas no pueden aceptar y nunca aceptarán, la resolución del Gobierno de su Majestad Británica (…) dado que considera injusta y contraria a sus derechos evidentes…”
