n cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se llevó adelante ayer la audiencia de conciliación entre los representantes del Gobierno nacional y de las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero, en el marco de la causa iniciada contra la decisión del Gobierno de Macri de derogar la vigencia del Fondo Federal Solidario a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, dictado en agosto del año pasado.
Una vez concluida la reunión, de la que participaron el ministro del Interior Rogelio Frigerio y los mandatarios de las seis provincias litigantes, la gobernadora Bertone señaló que “fue un encuentro donde participamos las seis provincias que litigamos contra el gobierno nacional por la restitución del Fondo Federal Sojero que nos fuera quitado intempestivamente luego de firmar el Pacto Fiscal”. Precisó que el reclamo de la Provincia representa “unos 600 millones de pesos”, por el período 2018-2019, “que eran fondos para obras y que también significaban puestos de trabajo para nuestra gente”.
En cuanto al resultado de la audiencia dijo que “salimos con una respuesta inesperada, porque se dispuso un plazo de 90 días para que las partes puedan seguir charlando”. Señaló que si durante ese plazo “Nación hace una propuesta concreta, la analizaremos”, pero dejó en claro que Tierra del Fuego “no está en una postura de conciliación. Nosotros queremos que nos devuelvan el dinero que hemos dejado de percibir”, y que por lo tanto seguirá sosteniendo “el nuestro reclamo de inconstitucionalidad del decreto 756/18”.
Durante su exposición ante la Corte, Bertone aprovechó además para plantear que el gobierno nacional también le adeuda a la provincia por “unos 518 millones de pesos pro viviendas, sobre la pérdida de puestos de trabajos que trae aparejada la crisis industrial y sobre la causa Malvinas”.
“Si bien estos temas no entraban en la audiencia, yo quise plantearlo para demostrar que siempre hemos sido una provincia que ha intentado conciliar intereses con el gobierno nacional y que no somos una provincia litigante. En 28 años solo hemos tenido cinco juicios ante la Nación”, precisó.
El 14 de agosto del año pasado, el Gobierno Nacional resolvió derogar el decreto 206 del 2009, mediante el que había creado el Fondo Federal Solidario “con la finalidad de financiar, en Provincias y Municipios, obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes”, destinando a tal fin “el 30% de las sumas que el Estado Nacional efectivamente perciba en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados”.
Para fundar su decisión, la gestión Macri argumentó que “cuando se creó el Fondo Federal Solidario, las Provincias recibían aproximadamente una cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales”, pero que “a partir de diferentes medidas adoptadas por esta administración, se ha modificado el esquema de distribución de los recursos fiscales, en beneficio de las Provincias, quienes reciben actualmente un tercio de esos recursos”. En el considerando del decreto 756/18 se sostiene también que “en el Consenso Fiscal celebrado el 16 de noviembre de 2017, aprobado por la Ley N° 27.429, se acordaron nuevas pautas para la coordinación de potestades tributarias entre los distintos niveles de gobierno y se estableció que los recursos del Fondo Federal Solidario, en la medida en que éste existiese, se distribuirían entre las jurisdicciones que adhiriesen y cumpliesen con aquél”, por lo que en función de “las nuevas circunstancias que presenta el contexto internacional, la necesidad de acelerar la consolidación fiscal y evitar la generación de mayores desbalances, y las medidas adoptadas para enfrentarlas hacen necesario eliminar el Fondo Federal Solidario en miras a brindar respuestas eficientes con la asignación de los recursos disponibles”.
Para evitar que el Congreso rechazara ese decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno Nacional acordó en septiembre de 2018 con el bloque Argentina Federal implementar el “Programa de Asistencia Financiera a provincias y municipios” con el objeto de fortalecer durante el ejercicio 2018 los presupuestos destinados a obras de infraestructura de las jurisdicciones que aprobaron el Consenso Fiscal y de sus municipios”, afectando a tal fin 4.125 millones de pesos que se repartirían entre las provincias de acuerdo “con su participación relativa en la distribución del régimen de coparticipación federal”.
El Gobierno Fueguino resolvió rechazar esa compensación e iniciar ante la Corte una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de que se declare inconstitucional el decreto N° 756/2018, se suspendan los efectos del mismo y se ordene la remisión a la Provincia de las sumas correspondientes”.
Entre los argumentos expresados en la presentación, el Fiscal de Estado sostenía la imposibilidad de la derogación unilateral del decreto 206/2009, por cuanto dicho Fondo se constituyó a partir de un acuerdo con los gobernadores y la única forma de derogarlo era a través del mismo procedimiento.
Señalaba también que la suspensión del Fondo Federal lesionaba las condiciones acordadas de buena fe en el Consenso Fiscal, ya que no eran susceptibles de ser modificadas unilateralmente por cuanto atentaban contra el derecho a la educación, la salud y, en general, el desarrollo social de los destinatarios de las obras que se financiaban con el Fondo de la Soja.
