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l escándalo de las viviendas de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) tuvo el viernes una definición judicial cuando el juez de instrucción Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de cinco de los imputados, entre ellos el secretario general de ATE, Carlos Córdoba, y definió como un “plan criminal” a la maniobra orquestada para vender viviendas sociales a personas ajenas al sindicato y “lavar” el dinero producido por esos actos delictivos.
De Gamas Soler escribió en su resolución (a la que accedió EDFM) que los directivos de ATE y otros allegados se unieron para organizar un plan “destinado a percibir grandes sumas de dinero de forma mal habida, utilizando un argumento tan sensible como puede ser el acceso a la vivienda propia”.
“Este plan criminal fue ideado de manera minuciosa” por los gremialistas, que de haber logrado su objetivo, “quizás nunca hubiera salido a la luz la perversa maniobra orquestada”, señaló el magistrado.
El juez explicó en su fallo que la conducción de ATE utilizó un “proyecto lícito y destacable” como lo es la construcción de 128 viviendas sociales para personas afiliadas al sindicato (en el barrio Barrancas del Río Pipo) para quedarse con 21 de esos inmuebles y “negociarlos a grandes valores económicos”, que si bien eran altos, constituían precios menores al del mercado inmobiliario privado.
“El grupo criminal se arrogó la facultad de “guardarse lugares” entre las 128 soluciones habitacionales, para comercializarlos a discreción, claramente de manera ilegal, lo que resultaría indefectiblemente en un doble perjuicio. Por un lado la estafa al que abonó valores por un departamento que luego debería volver a abonar en su integridad al IPV, y una defraudación a los afiliados legítimos de ATE que perdieron su posibilidad de acceso a una vivienda digna por la maniobra fraudulenta antes indicada”, remarcó De Gamas Soler.
Según la Justicia, la “cara visible” de la maniobra fue Miguel Arana, conocido como “Miguelón”, un empleado municipal e  integrante de la comisión de viviendas de ATE, que se encargó de “ofertar” las viviendas sociales a terceros. Junto con él intervino Daniel Belbey, otro gremialista estatal que se suicidó cuando la maniobra se hizo pública el año pasado.
Por encima de Arana en el gremio dentro del rubro viviendas, intervino la secretaria de Acción Social  Lilian Carolina Galli, quien “lejos de desconocer las maniobras de Arana, formaba parte de la conducción de las acciones ilícitas, desempeñando un rol distinto. En su función administrativa y de gestión, participó en el sorteo realizado a efectos de conformar el listado de aspirantes a las viviendas e intercedió ante las autoridades del IPV, para solicitar se incorpore como aspirantes a quienes habían sido dados de baja por no reunir los requisitos de afiliación sindical”, indica el auto de procesamiento.
En relación a Córdoba, el juez le adjudica, como cabeza del gremio, haber intercedido junto con Galli ante el IPV, para “incluir a los postulantes dados de baja” y luego haber hecho lo propio “ante el Ministro de Gobierno de la Provincia”.
“Su interés por hacer incluir a quienes pagaron por los departamentos sin reunir los requisitos, no pudo ser otro que el de querer garantizar su impunidad evitando las denuncias que finalmente se hicieron”, destaca el fallo.
De Gamas Soler les atribuyó a Córdoba y a Galli “22 hechos de estafa que concurren realmente entre sí”, además de “defraudación por administración fraudulenta”, y los embargó por 3 millones de pesos.
Por su parte a Arana lo procesó por “22 hechos de estafa que concurren realmente entre sí. Defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con 7 hechos de falsificación ideológica de documentos” y “lavado de activos de origen delictivo”.
Por el presunto lavado de dinero también fue procesada Gisela Escolbar, la pareja de Arana y ex miembro de ATE, y Erik Enrique Moscoso Panozo.
La Justicia también dictó la falta de mérito (es decir que no hay pruebas ni para procesarlos ni para sobreseerlos) de Francisco Freire Acosta y Hugo Fabián Aguirre, dos operadores inmobiliarios que ofrecieron las viviendas sociales pero aún no se saber si a sabiendas de que formaban parte de una maniobra delictiva. Y de Martín Arana, hijo de Miguel.
Por último se dictó el sobreseimiento de Leandro Santillán Mulvihill y Omar Alberto Calquín, quienes ofrecieron las viviendas sociales a otras personas pero que según el juez no tenían conocimiento de su procedencia ilícita.
Según los números compilados por la Justicia, la maniobra con las viviendas de ATE implicó una estafa de  $8.145.000 y U$S 52.000 dólares, lo que equivale a unos 10,4 millones de pesos.

Lavado de dinero

La investigación judicial logró avanzar en el interrogante acerca de qué hicieron algunos de los imputados para ingresar en el mercado legal de capitales, los importes obtenidos por la supuesta estafa con las viviendas.  
Para ello, “utilizaron la empresa vial “G&M” (creada por Escobar y manejada por Arana) que luego de inscripta, fue “adquiriendo poco a poco maquinaria vial y vehículos de gran porte, todos ellos de valores millonarios, abonados en cuotas mensuales, dando así una falsa apariencia de que abonaban los equipos con las utilidades del trabajo”.
“Con el caudal económico conseguido luego de cometer las estafas, montaron una empresa y compraron maquinaria vial para ir haciendo ingresar ese caudal, de manera gradual por una doble vía. Por un lado, con la compra de esa maquinaria y por otro, con la facturación producto de la explotación de esa maquinaria”, indica el auto de procesamiento.
De acuerdo al juez, la cara visible de las operaciones fue Arana, pero “en esta ocasión contó con la cooperación de su pareja Gisela Edith Escobar y de Erik Enrique Moscoso Panozo”.