El IPV negó que la justicia le haya pedido evaluar la adjudicación de un terreno a un preso
Polémica por un requerimiento judicial

El IPV negó que la justicia le haya pedido evaluar la adjudicación de un terreno a un preso

El presidente del organismo, Gustavo Vázquez, admitió que existió un oficio en ese sentido de parte del juez de Ejecución de Ushuaia, Manuel Isidoro López. Pero aclaró que el objetivo del requerimiento fue obtener información para autorizar al detenido a realizar un trámite ante el IPV. También mencionó que si el recluso reuniera las condiciones para ser adjudicatario, una condena ya cumplida no sería un impedimento, aunque tendría que contar con los recursos para pagar el terreno según el plan vigente.
04/07/2019
E

l presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) Gustavo Vázquez, negó ayer que un juez le haya solicitado la adjudicación de un terreno para un preso, y explicó que el magistrado solo requirió “información” para autorizar al detenido a presentarse a realizar un trámite ante el IPV.
La polémica surgió luego de que el juez de Ejecución de Ushuaia, Manuel Isidoro López, firmó un oficio dirigido al presidente del organismo, en el que le pidió que en diez días responda “la factibilidad de adjudicarle un terreno” al interno Sebastián Gustavo Molina Oviedo, como informó este medio en su edición del martes.
Por una parte, López aclaró ayer en dialogo con EDFM el contexto de esa solicitud (ver aparte) y por otro lado Vázquez hizo lo propio en declaraciones brindadas a Radio Nacional.
“No es que el juez me solicita que le adjudiquemos (un terreno al preso). Esta persona está anotada desde el año 2006 en el IPV y en el marco del llamado que hicimos para que la gente se presente, este hombre (por el detenido) se acercó para realizar el trámite. Y como está privado de la libertad, y no puede ejercer en plenitud los derechos civiles, debe acudir con un curador”, explicó el presidente del IPV.
El funcionario hizo referencia a la convocatoria realizada por el IPV para que aquellas personas anotadas hasta fines de 2006, como aspirantes a ser beneficiarios de viviendas sociales, puedan optar por dejar de lado esa pretensión para ser posibles adjudicatarios de terrenos con servicios, en el marco de una operatoria lanzada desde el organismo.
En ese contexto es que el recluso Molina Oviedo (que estaría cerca de cumplir su condena) pidió autorización para presentarse ante el IPV y realizar el trámite.
“El juez no nos solicita adjudicarle un terreno, sino información. No conozco antecedentes de la persona (por el preso) solo que está inscripta en el registro de demanda y ahora tenemos que contestar el oficio. En el marco de la planificación que ha llevado el IPV, hay que analizar su caso”, indicó Vázquez.
También aclaró que más allá de que el recluso cumpla con los requisitos para acceder a la tierra, deberá evaluarse si cuenta con los recursos económicos para poder pagarlo.
Y respecto de su condición de privado de la libertad, el funcionario mencionó que “la ley no nos faculta para ver sus antecedentes penales”, ya que “si se trata de una persona condenada que ha cumplido su condena, no tiene ninguna incompatibilidad. Una vez que la cumplió, es una persona libre”, agregó.
Por otra parte, Vázquez dijo “no entender” las críticas surgidas de un grupo de empleados del IPV (que publicaron una solicitada) contra la modalidad de entrega de tierras con servicios en lugar de viviendas.
“Lo que estamos haciendo es lo que nos indica la ley que es dar soluciones habitacionales. No solo a través de viviendas, sino a través de lotes con servicios. Esto está dentro de la legislación, no es nada nuevo”, sostuvo.
“Muchos desconocen de qué se trata y están desinformados. Acá nadie impone nada. Se puede optar por seguir anotado en un proyecto de viviendas o acceder a un terreno a través del ahorro previo. Para ello tenemos dos grandes urbanizaciones previstas que son Cabo de Mar en Río Grande y el sector 3 del Río Pipo en Ushuaia”, abundó el titular del IPV.
Según los empleados, sobre esos lugares “no existen proyectos de urbanización terminados, ni fondos previstos ni estudios de impactos ambiental”, entre otras falencias.

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