un mes de la audiencia de conciliación en la que la Corte Suprema de Justicia dispuso un plazo de 90 días para que la Nación y las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Chubut y Santiago del Estero sigan negociando un posible acuerdo por la derogación del Fondo de la Soja, el Gobierno nacional convocó para el próximo jueves 25 a los ministros de Economía y Fiscales de Estados de las 6 jurisdicciones que cuestionaron judicialmente la validez constitucional del Decreto de Necesidad y Urgencia, de agosto de 2018, mediante el que el Presidente Macri derogó el Fondo Federal Solidario que distribuía a las provincias el 30% de las sumas que el Estado nacional efectivamente percibía en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados, en función de los porcentajes establecidos para cada una de ellas en la ley de coparticipación federal de impuestos.
El Gobierno nacional convocó para el próximo 25 de julio a las seis provincias que llevan adelante una embestida judicial contra la derogación del Fondo Sojero -por un DNU de Mauricio Macri de agosto de 2018-, como parte de la tregua de 90 días abierta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar que las partes arriben a un acuerdo, hoy a priori utópico.
La invitación al encuentro programado para las 14:00 del último jueves del presente mes en la sede del Ministerio del Interior fue cursada por el secretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli, quien la enmarcó en “la audiencia de conciliación” realizada en la Corte el pasado 26 de junio, “en la que se concedió a las partes un plazo de 90 días hábiles judiciales para intentar una solución amistosa” que vence el del 27 de octubre, según publicó ayer el diario Ambito Financiero.
El funcionario indicó que la convocatoria apunta a “conversar sobre los efectos que la derogación del Fondo Federal Solidario pudo tener sobre las finanzas públicas provinciales” por lo que solicitaron que cada jurisdicción lleve el listado de las obras que se financiaban con el Fondo de la Soja y que debieron paralizarse por falta de ese financiamiento, y que el encuentro también constituye “una oportunidad para tener un diálogo constructivo y fructífero para el diseño y puesta en práctica de políticas públicas comunes”.
Ambito señala que las provincias llevan adelante una doble estrategia; la judicial y la política, ya que más allá del reclamo ante la Corte “exploran un nuevo intento para voltear en el Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia”.
Es de tener en cuenta que en el caso de Tierra del Fuego, ninguna de las obras a financiar en la jurisdicción provincial con el Fondo de la Soja se habría visto interrumpida, por cuanto ese financiamiento fue sustituido con recursos propios.
La posibilidad de que las partes arriben a una solución negociada aparece como poco probable. Basta recordar que la Gobernador Bertone, tras la audiencia mantenida en la Corte Suprema, señaló que si durante el plazo fijado “Nación hace una propuesta concreta, la analizaremos”, pero dejó en claro que Tierra del Fuego “no está en una postura de conciliación. Nosotros queremos que nos devuelvan el dinero que hemos dejado de percibir”, y que por lo tanto seguirá sosteniendo “nuestro reclamo de inconstitucionalidad del decreto 756/18”. En concreto, el reclamo de la Provincia representa “unos 600 millones de pesos” por el período 2018-2019, de los cuales el 30% corresponde a los Municipios.
