l Consejo de la Magistratura de la Provincia tiene pendiente de resolución un pedido de jury de enjuiciamiento contra una jueza en funciones desde hace casi 16 meses, según reconstruyó EDFM con información de archivo.
Se trata de la denuncia presentada por la empresa forestal Lenga Patagonia contra la jueza Laboral de Río Grande Edith Cristiano, que continúa sin resolverse.
La multinacional planteó el caso el 16 de mayo de 2018, mientras que el Consejo volvió a postergar su tratamiento en la última sesión realizada días atrás, casi un año y cuatro meses después.
El pedido de jury es el más antiguo de los que tiene bajo análisis el organismo encargado de la selección y remoción de los jueces, a lo que hay que sumarle que en la presentación se hace referencia a hechos sucedidos varios años antes.
La compañía de capitales norteamericanos “Lenga Patagonia S.A”, a través de sus apoderados, cuestiona la intervención de la jueza Cristiano (como jueza subrogante) en la causa donde falló a favor de la empresa Glisud SA por los derechos posesorios de 30 mil hectáreas de tierras rurales, incluida la estancia María Cristina, situada cerca de Tolhuin.
El predio le pertenece a Lenga Patagonia que se lo arrendó a Glisud por 10 años, pero al término del contrato, en 2013, Glisud se negó a desalojar las tierras, reclamó una supuesta deuda impaga y luego “intervino el título unilateralmente, usando un artilugio del Código Civil, y se consideró titular de los derechos posesorios del lugar”, explicó en su momento uno de los abogados de la multinacional, Eduardo de la Puente. Además, Glisud le terminó cediendo la estancia a otra empresa, Deolinda SRL.
Por ello, Lenga reclamó los derechos sobre las tierras ante la justicia civil y se produjo el fallo contrario a sus intereses que originó el pedido de jury a la jueza Cristiano.
Casi un mes después de la denuncia, el 13 de junio de 2018, la jueza del Superior Tribunal de Justicia María del Carmen Battaini, por entonces presidente de la Magistratura, informó a los demás consejeros que se había recibido la prueba documental referida a la denuncia, en lo que parecía un procedimiento bastante ágil.
Sin embargo, la próxima novedad tuvo lugar el 12 de noviembre del mismo año (cinco meses más tarde) cuando la misma jueza distribuyó a sus pares el informe previo que marca la ley de jury.
Con ese informe, se supone que el organismo estaba en condiciones de adoptar algún temperamento, ya sea en el sentido de desistir la denuncia o darle impulso girando las actuaciones al fiscal acusador.
Aun así, el Consejo no hizo ninguna de las dos cosas y, en diciembre de 2018, vencieron los mandatos de las autoridades del cuerpo y el caso pasó para el año siguiente.
Con una conformación muy similar (solo cambió el representante del Superior Tribunal, que pasó a ser el juez Gonzalo Sagastume) el organismo continuó sin resolver el pedido de jury.
En la sesión del 26 de junio de este año se decidió “postergar el tratamiento del tema para la próxima sesión”, y lo mismo ocurrió de manera sucesiva hasta la actualidad.
La situación es peligrosa desde el punto de vista institucional porque, mientras esto sucede, los denunciantes siguen sin recibir una respuesta a su pedido y la propia jueza queda “condicionada”, sabiendo que en cualquier momento el Consejo puede adoptar la decisión de avanzar en el jury.
Algo similar ocurren con otras denuncias en trámite, entre ellas la presentada en noviembre del año pasado por los abogados de Buenos Aires Ramiro Hernán Rua y José Luis Ghioldi contra el juez penal de Río Grande Raúl Sahade y el fiscal del mismo distrito judicial Pablo Candela.
En este caso, a los magistrados se les cuestiona su desenvolvimiento inicial en la causa donde se investiga al intendente de Río Grande Gustavo Melella (actual gobernador electo) por el presunto abuso sexual coactivo de tres obreros de la construcción.
Candela, que además fue elegido juez de instrucción 3 de Río Grande, es el fiscal que desestimó la primera denuncia contra Melella por inexistencia de delito, lo que después motivó la intervención del fiscal mayor Guillermo Quadrini, que sí efectuó un requerimiento de instrucción.
Por su parte Sahade es todavía el juez del caso pese a las reiteradas recusaciones presentadas en su contra por el abogado querellante Francisco Giménez, y que continúan sin ser resueltas en un hecho sin antecedentes en la historia judicial fueguina.
El Consejo solo le solicitó al Superior Tribunal de Justicia que no le tome juramento a Candela hasta que se resuelva la denuncia que sigue dilatándose en el tiempo.
Los últimos pedidos de jury tratados por el Consejo de la Magistratura, y que siguen sin resolverse, hacen referencia a hechos similares y corresponden a dos denuncias presentadas contra la jueza Correccional de Ushuaia Felicitas Maiztegui Marcó, por parte de dirigentes de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y del Partido Solidario de Tierra del Fuego.
Maiztegui Marcó fue cuestionada por las manifestaciones expresadas en su cuenta de Twitter sobre la última dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.
La magistrada, quien ya había sido noticia en oportunidades anteriores por sus opiniones políticas, negó en diferentes tweets la existencia de 30 mil desaparecidos y justificó el accionar de las fuerzas armadas al cumplirse, el pasado 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe de Estado del 76´.
El Consejo decidió que “teniendo identidad ambas causas” corresponde su acumulación en un solo expediente.
