a jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, sigue sin fijar una nueva fecha para las declaraciones indagatorias de los 18 ex militares acusados de cometer actos de torturas hacia soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas.
Borruto suspendió ese acto procesal en mayo de este año (hace más de tres meses) y desde entonces no volvió a haber novedades sobre la continuidad de la causa.
Los ex integrantes de las Fuerzas Armadas acusados de “estaquear” y “enterrar” a combatientes, entre otros actos similares, iban a ser indagados entre el 27 de junio y el 4 de julio de este año, por decisión del juez federal subrogante Federico Calvete.
Sin embargo, Borruto anunció poco después de asumir en el cargo que no contaba ni con el “personal suficiente” ni con el “espacio” en el juzgado para llevar a cabo las indagatorias.
Miembros del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) que intervienen como querellantes en el caso, denunciaron que “problemas burocráticos” pero también “un lobby militar” están frenando la investigación.
"Borruto fue secretaria del juzgado. Es una persona que conoce la causa, y que está para garantizar el servicio de justicia. Entonces una vez que asume como jueza no puede justificarse de que le falta espacio físico", dijo el miembro del Cecim Ernesto Alonso, en declaraciones al diario Perfil.
Por su parte Hugo Robert, titular del mismo organismo, afirmó, directamente, que el proceso no avanza porque hay un "fuerte lobby militar para que no se sepa toda la verdad sobre la guerra".
"No ocultamos las actuaciones honrosas que tuvieron muchos miembros de las Fuerzas Armadas pero también alertamos sobre la existencia de torturas y graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron en las islas, por parte de oficiales y suboficiales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina", señaló Robert.
Sin fundamento
En cambio, en ámbitos militares consideran que la causa “no tiene ningún fundamento” e incluso deslizan que “se están buscando excusas para luego reclamar indemnizaciones”.
Jorge Zanela, jefe del Departamento de Veteranos de Guerra del Ejército, señaló a Perfil que pueden haberse producido hechos aislados pero no hubo una orden sistemática impartida por la institución.
"La causa no tiene fundamentos legales, porque hay personas que ya fueron sobreseídas por casación y la Corte Suprema sobre las mismas denuncias. Se sigue insistiendo en que hubo delitos de lesa humanidad, que el ejército accionaba metódicamente de esa manera, pero no es verdad. No niego que alguien no haya cometido alguna indisciplina del ser militar pero no como se quiere señalar”, aseveró Zanela.
"Entre las denuncias, por ejemplo, hay un capitán que nunca fue a Malvinas. Todos los que son acusados eran en su momento subtenientes, cabos o cabos primeros, de los grados más bajos que hay en el Ejército. Además, si llega a declararse como un delito de lesa humanidad, algunos van a pedir una indemnización como ocurrió con otras causas de derechos humanos de la dictadura", agregó el ex militar.
Muerte bajo fuego
Del otro lado, Alonso aseguró que "algunos compañeros murieron bajo fuego enemigo estando “estaqueados y hay casos de soldados asesinados a manos de sus superiores".
En la misma línea, el ex conscripto Silvio Katz, sostiene que "Malvinas fue una línea de continuidad con el plan sistemático de torturar y hacer desaparecer gente. A mí todos los días me decían judío de mierda. Me estaquearon, tuve congelamiento de brazos y piernas, me pusieron la cabeza en agua congelada y me apuntaron con un arma obligándome a comer de lugares donde depositábamos nuestros excrementos", denunció Katz.
La decisión de la jueza Borruto de aplazar las indagatorias fue recurrida judicialmente por el Cecim, aunque hasta el momento la magistrada sigue sin definir cómo dará continuidad a las actuaciones.
“La resolución de la magistrada fue objetada a través de un recurso de reposición, pero más allá de eso nosotros expresamos nuestra preocupación por una dilación más en el proceso que lleva 12 años de iniciado y que investiga hechos sucedidos hace 37 años”, sostuvo el abogado del Cecim Jerónimo Guerrero Iraola, en dialogo con este medio.
“El Estado debe cumplir la obligación internacional de acceso a la justicia. Hablamos de derechos fundamentales. No se puede seguir revictimizando a los soldados. La jueza hablará por sus fallos y nosotros actuaremos en consecuencia”, expresó Guerrero Iraola.
12 años de causa
La causa Nº 1777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra de 1982, quienes revelaron haber sido víctimas de “estaqueamientos” y “enterramientos”, entre otros maltratos físicos perpetrados por oficiales y suboficiales contra integrantes de la propia tropa.
El caso comenzó a sustanciarse en 2007 con las primeras 25 denuncias presentadas por Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y tomó impulso a raíz de acciones promovidas por el Cecim.
