egún estimaciones del Gobierno provincial, la Nación le está debiendo a la Provincia una suma cercana a los mil millones de pesos por el concepto referido al fondo sojero, que fue suspendido de forma unilateral en agosto de 2018, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el Gobierno nacional y que actualmente está judicializado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el día de mañana se estará presentando al Fiscal de Estado las estimaciones de dichos montos, en el marco de la demanda presentada ante la Corte Suprema. En la presentación judicial anterior, los datos estaban explicitados hasta el mes de abril del corriente año. Por lo tanto, la provincia actualiza el monto a $998.9 millones, de los cuales $215 millones corresponden al año 2018 y $783 millones al período comprendido entre enero y agosto de 2019.
El fuerte crecimiento de la deuda, que se evidencia en los últimos meses -143 millones en mayo, 105 millones en junio, 109 millones en julio y 146 millones en agosto-, obedece a la devaluación del peso argentino, que impacta en los ingresos que la provincia debería percibir por el fondo sojero, pero que sin embargo Nación dejó de enviar.
Cabe destacar que Tierra del Fuego junto a las provincias de Chubut, Santiago del Estero, Santa Cruz, Catamarca y Formosa, recurrieron a la Corte Suprema Justicia de la Nación planteando la inconstitucionalidad del decreto que puso fin al Fondo Federal Solidario (fondo sojero), destinado principalmente a obras de infraestructura. Finalizada la ronda de negociaciones entre los representantes provinciales y el gobierno nacional, fracasó un posible acuerdo y será la Corte quien ahora defina.
El Fondo Federal Solidario (Fondo de la Soja) había sido creado en marzo de 2009, para distribuir entre las Provincias, en función de su índice de coparticipación federal, el 30% de los montos efectivamente recaudados en concepto de derechos de exportación de las exportaciones de granos de soja y el 27% de harinas y aceites de soja. Esos recursos, que las provincias a su vez debían coparticipar en un 30% con los Municipios, estaban afectados a financiar obras de infraestructura y de servicios.
