l responsable ambiental de la empresa Juan Felipe Gancedo SA, adjudicataria de la construcción del llamado “Corredor del Beagle”, negó ante la Justicia que la obra esté provocando daños ambientales o al patrimonio arqueológico que justifiquen su paralización, y brindó un informe sobre los controles a los que están siendo sometidos los trabajos de apertura de la ruta costera turística y productiva, de 132 kilómetros de extensión.
La versión de Gancedo fue proporcionada durante la audiencia conciliatoria convocada por el juez Civil y Comercial 1 de Ushuaia, Sebastián Osado Viruel, para el pasado viernes 22 de noviembre, aunque su contenido trascendió ayer.
El magistrado había citado a ese encuentro luego de rechazar (el martes 19) un pedido de medida cautelar presentado por el gobernador electo Gustavo Melella, la vicegobernadora electa Mónica Urquiza y los legisladores Pablo Villegas y Federico Greve, donde se requería la suspensión de la obra hasta subsanar una serie de cuestionamientos realizados por entidades ambientalistas.
Los demandantes, que también presentaron un recurso de amparo (aun no resuelto) desistieron de presentarse a la audiencia llamada por el juez, con el argumento de que esperaban el resultado de un recurso de reposición contra el rechazo de la cautelar, que como informó EDFM ayer, también fue desestimado por Osado Viruel.
Lo cierto es que a la citación en el Juzgado Civil, solo concurrió el “responsable ambiental” de Gancedo, el “ingeniero forestal Ricardo Fabián Vukasovic”, a quien acompañaron los abogados y apoderados de la empresa, Carlos Straticco y Guillermo Massimi.
Vukasovic explicó allí que se encarga de llevar adelante “los planes de gestión ambiental” de la obra, y que actúa como nexo con la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, a cargo de Mauro Pérez Toscani.
Según señaló, la obra se encuentra fiscalizada por “diferentes organismos”, entre los que mencionó a la propia Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos (a través de un grupo de ingenieros, topógrafos y arqueólogos), el Tribunal de Cuentas y la Secretaría de Cultura.
En ese sentido, detalló que esa fiscalización se ejerce en el marco de “planes y procedimientos”, como el “plan de gestión ambiental”, el “plan de gestión arqueológica y paleontológica”, el “plan de emergencia y contingencias ambientales”, el “plan comunicacional”, el “plan de capacitación” y el “plan de restauración o reforestación”.
En relación al plan arqueológico, Vukasovic consignó que “un grupo de arqueólogos del Gobierno habilitan las zonas donde se puede avanzar, evaluando sectores que tienen importancia arqueológica, de acuerdo al estudio de impacto ambiental”.
Dijo que para ello “se fijaron áreas de interés directo, a 10 metros hacia ambos lados de la traza (de la ruta), que luego se ampliaron a 50 metros, determinado lugares de alta, media y baja importancia”.
Según el responsable ambiental, “ante un hallazgo arqueológico, el operario avisa al capataz y se para la obra. Se avisa a la Secretaría de Cultura, informando coordenadas, y se señaliza el lugar”, aunque aclaró que hasta el momento “no se produjo ningún hallazgo de este tipo”.
Respecto del obrador, el representante de Gancedo sostuvo que “solo existe uno” y que para construirlo “se necesitó de una guía de aviso”.
El obrador está ubicado “sobre una cantera vieja, a la vera de la ruta en la progresiva 29, del tramo II, ubicado en tierras fiscales, lindando al este con Moat y al oeste con Harberton. La instalación del obrador requirió un desmonte mínimo, equivalente a un décimo de hectárea. Por fuera del obrador hay un lugar donde va a estar el polvorín, pero ahora no hay explosivos porque se requiere el cumplimiento de normas nacionales y la aprobación de un organismo nacional”, mencionó el ingeniero.
Dónde se trabaja y qué se está haciendo
A su vez, sobre los tipos de trabajo que se están realizando actualmente en la obra del corredor costero, el ingeniero Vukasovic refirió los siguientes:
-“La tareas están centralizadas en el tramo II, desde Bahía Brown hasta el puente Río Moat, y en el tramo I, desde Baliza Escarpados hasta Bahía Brown”.
-“En el tramo I, sección 1, solamente se trabaja en una porción muy pequeña al oeste del Río Remolino, donde se está haciendo un terraplén, pero no desmonte”.
-“En esa zona, la Secretaría de Ambiente advirtió que faltaba cartelería para los transeúntes. Se habló de una demarcación conjunta. La empresa cumplió con la cartelería que se le solicitaba”.
-“Respecto del tramo III, desde Moat a Cabo San Pío, antes del estudio ambiental hubo una traza original del proyecto, que iba alejada de la costa y cruzaba gran parte de turbales y bosque. A partir de reuniones con la Dirección General de Recursos Hídricos y la Dirección General de Bosques, surge una nueva traza que minimizaba el impacto sobre las turberas en forma notoria, y que proporcionaba un valor paisajístico superior porque se acercaba a la costa”.
-“Se realizaron allí nuevos sondeos de profundidad, y se consiguió mejorar la propuesta de esa traza, avanzado sobre el suelo con menor profundidad, y sobre turberas minerotróficas, que se alimentan de lluvias más que drenajes. Se hizo entonces una adenda presentada a la Secretaria de Ambiente”.
-“Al comenzar el tramo III hubo un desmonte de 15 metros hasta la progresiva 500 que estaba aprobado. Nunca se trabajó sobre turba. Hay 13 actas de inspección que así lo certifican”.
Apelación fuera de plazo
Fuentes judiciales confirmaron ayer a EDFM que el juez Osado Viruel rechazó la apelación contra la resolución que había desestimado la medida cautelar para frenar la obra del “Corredor del Beagle”, porque el recurso fue presentado fuera de término.
Esta situación contradice las declaraciones de algunos de los legisladores demandantes (como Greve y Villegas) quienes habían dicho que el magistrado debía elevar las actuaciones a la Cámara de Apelaciones para que resuelva la apelación.
El juez primero rechazó el recurso de reposición presentado por los amparistas, con el fundamento de que no era aplicable al caso porque no se habían cometido “errores materiales, groseros o evidentes”.
Y respecto al recurso de apelación “en subsidio” que también habían planteado el gobernador electo y los legisladores, Osado Viruel escribió que el único recurso posible de ser planteado era “el de apelación en el plazo de 48 horas (…) término que feneció el día 21 de noviembre”, es decir, antes de ser presentado por los demandantes.
