l Consejo de la Magistratura de la provincia tomó conocimiento de un proyecto de modificación de la ley 525 de enjuiciamiento de magistrados (o ley de jury) presentado en la última sesión por el consejero y representante de los abogados de Ushuaia en el organismo, Oscar Suárez.
La iniciativa coincide con declaraciones del gobernador electo Gustavo Melella, que ayer reiteró su intención de impulsar durante su mandato una “reforma judicial” que incluya cambios en el sistema de selección de los jueces provinciales para que ese procedimiento se lleve a cabo “sin interferencia de la política”, sostuvo.
El proyecto de Suárez, que ingresó durante la última sesión del Consejo realizada el jueves 28 de noviembre, propone cambiar el procedimiento previsto para cuando se presenta una denuncia contra el desempeño de un magistrado.
De acuerdo a la ley actual, el cuerpo gira las actuaciones al presidente (que además es juez del Superior Tribunal de Justicia) para que elabore un informe previo sobre el caso y luego lo distribuya entre los consejeros.
La reforma impulsa que el presidente realice una “información sumaria” en un plazo máximo de “30 días” y que para ello pueda “hacer comparecer al denunciado o ampliar los fundamentos del denunciante”, algo que no está previsto en la reglamentación actual.
Después, esa información sería girada –como ocurre con el informe actual- al Consejo para que sus miembros resuelvan si rechazan la denuncia sin más trámite o si le corren traslado al fiscal acusador.
Sin embargo, otro aspecto de la modificación consiste en que el fiscal no sea elegido por mayoría entre los propios consejeros, sino que sea alguien externo al organismo, procedente un listado elaborado por el Superior Tribunal.
La nómina de posibles fiscales para los jurys se actualizaría anualmente con datos aportados por los colegios de abogados entre los letrados que “cumplan con los requisitos para ser miembros del Superior Tribunal” y “se encuentren en ejercicio de la matrícula”. Ser fiscal se consideraría “carga pública” más allá de los honorarios que podría establecer el Consejo. Si el fiscal resolviera no acusar al denunciado, el cuerpo podría avalar esa decisión o convocar a otro fiscal dentro del mismo listado.
Otro de los cambios previstos en el proyecto está relacionado con las excusaciones y recusaciones de los consejeros, quienes “deberán excusarse o podrán ser recusados por las causales que prevé el Código Procesal Penal”, aunque en eso esos casos, el Consejo deberá completarse “con los miembros subrogantes o suplentes legales”, según corresponda.
En este punto, la iniciativa busca que en ningún caso pueda desarrollarse un jury sin la totalidad de los siete integrantes del Consejo, como podría suceder en la actualidad.
Por último, la propuesta de Suárez incorpora la figura de la prescripción de las denuncias contra los jueces y funcionarios judiciales.
En ese sentido, señala que “las denuncias presentada ante el Consejo prescribirán a los dos años (actualmente no hay estipulado un plazo) debiéndose en tal oportunidad archivarse en el estado en que se encuentren”. A su vez, se aclara que la decisión del Consejo de correr traslado de las actuaciones al fiscal acusador, sería considerada el único acto de interrupción del plazo de la prescripción.
Una vez que el proyecto del representante de los abogados de Ushuaia fue distribuido entre sus pares, el actual presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Sagastume, propuso posponer su tratamiento “a la espera de la integración del próximo Consejo, moción que fue aceptada por el resto del cuerpo”.
El tema fue tratado en la sesión donde participaron, además de Sagastume y Suárez, el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, el ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, los legisladores Federico Bilota y Pablo Blanco y el abogado de Río Grande Miguel Ángel Castro.
Ese día se prestaron acuerdos para la designación de tres secretarios en distintas estructuras del Poder Judicial.
“El poder político no tiene que intervenir”
El gobernador electo, Gustavo Melella, volvió a referirse ayer a la necesidad de una reforma judicial y, en declaraciones a FM Aire Libre, sostuvo que su gestión impulsará una reforma constitucional para modificar la manera en que se eligen los jueces provinciales, y opinó que "el poder político no tiene que intervenir”, en ese procedimiento.
"La Justicia tiene que tener su independencia, su autonomía y se tiene que reformar la forma de elección de los jueces. Tiene que ser una elección netamente académica, donde demuestren su desempeño y capacidad para el rol tan importante que van a tener, y no por una elección que muchas veces tiene que ver con acuerdos políticos", afirmó el actual intendente de Río Grande.
Sin embargo, aclaró que este no será uno de los primeros proyectos de su gestión: "La verdad es que tenemos urgencias en la provincia mucho más importantes, que tienen que ver con reconstruir las instituciones, generar empleo y que nuestra gente viva mejor. Con el tiempo tenemos que darnos esa discusión de plantear una reforma judicial profunda", aseveró.
