l Superior Tribunal de Justicia de la provincia rechazó la posibilidad de enviar a mediación la causa donde se investiga al ex defensor público de Ushuaia Juan Carlos Assan por cobrarle por sus servicios a uno de sus asistidos con un “horno eléctrico” y un “lavarropas”.
Assan, quien renunció al cargo luego de que el caso se hiciera público en 2017, está procesado en doble instancia por la posible comisión delito de concusión (“exacciones ilegales”) consistente en “la acción arbitraria de exigir impuestos, multas o prestaciones que lleva a cabo un funcionario público en provecho propio”.
Cuando el expediente fue elevado a juicio por la Fiscalía, el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia rechazó la solicitud de la defensa de derivar las actuaciones al centro de mediación, a través de una resolución dictada el 13 de agosto de 2018.
Los jueces entendieron que la aplicación del instituto que permite llegar a un acuerdo con los damnificados de un supuesto delito, para evitar el juicio, no correspondía por tratarse de un funcionario público en ejercicio de su cargo, algo que está contemplado expresamente por la ley de mediación.
Sin embargo, el abogado de Assan recurrió esa decisión mediante un recurso de casación ante el Superior Tribunal, y argumentó que el tribunal “sobrevaloró la afectación a la administración pública por sobre la propiedad individual”, además de no haber dado intervención sobre el pedido a las partes damnificadas, en este caso el ex contador general de gobierno Marcelo Rolfo, a quien defendió en un juicio oral y público en 2012, y al propio Estado.
Al definir la controversia, el juez del STJ Gonzalo Sagastume entendió que “una interpretación armónica de las normas aplicables permite confirmar el rechazo realizado por el tribunal de mérito en los términos en que lo hizo, puesto que la calidad de funcionario público en el ejercicio de sus funciones resulta un impedimento para solicitar la suspensión del proceso a prueba y en consecuencia la derivación del caso a mediación penal”.
Sagastume recordó que a Assan se le atribuye un delito que presupone el “ejercicio activo de la función pública al momento de cometerlo”.
Además, opinó que el pronunciamiento del tribunal oral “presenta fundamentos serios y atendibles, y responde en un todo a las cuestiones de hecho y derecho presentes en el caso”, por lo que “podrá compartirse o no lo resuelto, pero no puede sostenerse que carezca de sustento fáctico y/o normativo”, asevera el voto del magistrado en un fallo dictado a fines de 2019 y que trascendió ahora.
Por su parte los jueces María del Carmen Battaini y Javier Darío Muchnik adhirieron a lo expresado por Sagastume y a lo que también dictaminó en el expediente el jefe de fiscales, Oscar Fappiano.
Con ello, el caso seguirá su curso hasta que Assan sea juzgado en audiencia oral y pública.
Un caso escandaloso
La denuncia contra Assan fue presentada por el propio jefe de defensores y defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Gustavo Ariznabarreta, quien tomó conocimiento del presunto delito tras entrevistarse con el propio Rolfo en 2017.
El ex contador general defendido por Assan desconocía que los defensores públicos no pueden cobrarle a sus asistidos en juicios penales, porque para eso perciben un sueldo del Estado, y aceptó compensarlo con electrodomésticos según surge de un intercambio de mails agregados a la causa.
En uno los mails incorporados como prueba, el contador Rolfo le consultó a su entonces defensor oficial si había recibido los artefactos que él le había comprado en Buenos Aires y le había remitido a Ushuaia.
“Con respecto a los electro, llegó uno, en óptimas condiciones de envío, resta el horno. Atentamente. Dr. Assan”, respondió el funcionario judicial.
El electrodoméstico que había llegado “en óptimas condiciones”, era un “lavarropas LG modelo F1215TD de color gris”, que Rolfo había comprado a $5200 de la época, según reconstruyó la Justicia.
En otro mail, el contador le preguntó a Assan si todavía estaba a tiempo de enviarle “el horno eléctrico” que se había comprometido a adquirir y con el que se había demorado.
El defensor, entonces, le contestó que “efectivamente estábamos a espera de que lo envíe. Todavía lo esperamos porque lo estamos necesitando. No se lo comunicábamos porque entendimos que estaría con algún contratiempo financiero. El hueco para colocar el horno todavía está, así que está a tiempo. Saludo a Ud. y a su familia. Atentamente Juan Carlos Assan”.
Y un último intercambio de características insólitas se produjo cuando Rolfo finalmente le compró y le envió el horno al defensor (marca Longvie, valuado en $7000) pero por un error de la empresa proveedora, en lugar de entregarle uno eléctrico le remitieron uno a gas, lo que generó un marcado malestar del defensor público evidenciado en un mensaje escrito por completo en letras mayúsculas.
“Marcelo (Rolfo) ¡Buenas tardes! En función de que usted me sugirió que le avisara de cualquier problema, y en razón de que los electrodomésticos no los regalan, sino que los cobran, le informo que hoy nos querían entregar un horno que no es (…) la casa está preparada para un horno eléctrico y trajeron uno a gas (…) nos sentimos mal con el trato por parte de la empresa (…) nos quisieron engañar con el recibo”, escribió el defensor.
Ambos electrodomésticos fueron hallados en casa de Assan durante los allanamientos ordenados en la causa por la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo.
La Justicia acusó al ex defensor público de “haber solicitado, exigido, hecho pagar y/o entregar indebidamente, en su calidad de Defensor Público del Poder Judicial provincial, al Sr. Marcelo Rolfo un lavarropas y un horno, abusando de su cargo y como pago de honorarios en el ejercicio de su labor de defensor oficial en la causa Nº 1238/2010, caratulada “Domínguez Armando y otros s/Peculado” del Registro del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur”, puede leerse en el expediente.
El delito de concusión prevé penas de un año hasta cuatro de prisión, además de inhabilitación especial por entre uno y cinco años.
Assan es el mismo ex funcionario que también fue procesado por un intento de estafa por 26 mil dólares, al haber pretendido que escrituraran a su nombre un terreno sin haberlo pagado en su totalidad. Por ese caso, logró evitar el juicio a través de una “probation” por la que debió comprar $1000 de electrodos y discos de corte y donarlos al Patronato de Presos y Liberados.
