ás de un centenar de abogados de la matrícula en las ciudades de Ushuaia y Río Grande suscribieron un documento dirigido a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia en el que “exigieron” la “inmediata rehabilitación del servicio de justicia”.
El escrito de tono crítico hacia las decisiones del Poder Judicial en relación con la pandemia de coronavirus, se contrapone con la actitud de las autoridades de los colegios públicos de abogados de ambas ciudades, que la semana pasada participaron de una reunión con los jueces y otras autoridades de la Justicia.
De hecho, la nota de los letrados también fue enviada a los colegios, con lo que se desprende de ello una discrepancia respecto del desenvolvimiento institucional de los cuerpos colegiados.
El documento afirma que “ante la insostenible situación de alarmante precariedad de la administración de justicia que se vive en la provincia, y con el único fin de reinstaurar el servicio de administración de justicia, en plenitud y conforme la obligación constitucional que tienen ustedes (por los jueces) de garantizar (y proteger) el Estado de Derecho, nos vemos en la necesidad de exigirles: La inmediata rehabilitación del servicio de justicia sin asignación de turnos ni la adopción de otras medidas que restrinjan la actividad y el ejercicio de la abogacía a excepción del irrestricto cumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de los profesionales, agentes judiciales, funcionarios y magistrados”.
A su vez, el petitorio incluye la suspensión de la feria invernal ordinaria, de manera que se permita la “recuperación pronta de plazos y actos procesales que han caído dentro de la feria extraordinaria”, y la “inmediata adquisición y puesta en funcionamiento de un sistema digital de gestión de expedientes auditable tanto sistémica como informáticamente, tal y como los que ya se encuentran funcionando en diversas jurisdicciones del país entre las que mencionamos la provincia de Mendoza y el sistema Lex 100 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
En ese sentido, critican que “más de cinco años de prueba y error entendemos que han sido más que suficientes. Resulta evidente que hoy no contamos con esta imprescindible herramienta”.
Los abogados resaltan que hace más de sesenta días que la ciudadanía –sin causa razonable que legitime esta inaceptable situación- se encuentra impedida de acceder, a través de la abogacía, a un servicio de justicia integral y eficiente a pesar de los reclamos que los colegios de abogados de las distintas jurisdicciones han realizado al respecto.
“Más allá de sucesivas prórrogas de feria extraordinaria no hemos visto que la administración de justicia haya adoptado medida cierta alguna tendiente al pronto restablecimiento del servicio. Así, no seremos las abogadas y abogados quienes dejemos de asumir el juramento que prestamos al matricularnos porque es nuestra función como auxiliares de justicia honrar el compromiso asumido frente a la ciudadanía toda”, menciona también el escrito.
Incluso después se torna más crítico aún, cuando se pregunta que “si la respuesta dada a la ciudadanía por el Poder Judicial sería la misma si no se pagaran sus remuneraciones de la misma manera que no percibimos honorarios las abogadas y abogados. No nos cabe duda de que con toda seguridad, el servicio de justicia ya habría sido reanudado”.
“Es hora de devolver a la ciudadanía el servicio de justicia que se encuentra interrumpido, pero aumentado en calidad. Y es vuestra obligación. Honre el Superior Tribunal de Justicia la alta misión republicana y constitucional que le ha sido encomendada”, concluye el documento que ya está en poder de los miembros de la Corte provincial.
Respuesta implícita
Como respuesta al documento, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Gonzalo Sagastume, volvió a reunirse ayer, esta vez de manera presencial, con representantes de los Colegios Públicos de Abogados, José Rodas, Victoria Cerone y Leonardo Plasenzoti –por Río Grande- y Susana Sosa, Macarena Aguilar y Eduardo Damonte –por Ushuaia-.
En la reunión se habló sobre “la inminente conclusión de la feria judicial extraordinaria y se recordó que se está a espera del pronto pronunciamiento del Comité Operativo de Emergencia (COE) para determinar la viabilidad de la modalidad de trabajo propuesta por los representantes abogados”, afirmó el Poder Judicial en un comunicado.
En tanto, se informó que el Abogado Relator Daniel Satini junto al equipo informático del Poder Judicial, integrado por José María Ledesma y Alejandro Álvarez, exhibieron el funcionamiento del Sistema de Actuación Electrónica (SAE - Kayen), “el cual está próximo a entrar en vigencia”, dijeron.
Por último, Sagastume asumió el compromiso de “brindar una respuesta” respecto de la solicitud del inicio de la actividad judicial para el 26 de mayo.
