ara avanzar en nuestro análisis, miremos la escena que actúa como disparador: Estudiantes, obligado por la AFA a realizar el pasillo al campeón Rosario Central, lo hace… pero de espaldas. El gesto, pensado como protesta simbólica contra un título considerado arbitrario, activa la respuesta máxima del organismo: suspensión de Verón por seis meses, sanciones deportivas para todos los jugadores que participaron y un castigo específico para el capitán, además de una fuerte multa económica al club por “conducta antideportiva. No es solo un fallo disciplinario: es un mensaje. La pregunta editorial es si ese mensaje es la defensa razonable de la autoridad o el uso disciplinador del poder contra quien se anima a desafiarla.
La justificación explícita de la AFA se apoya en tres pilares: Defensa del reglamento y del “respeto al campeón”; necesidad de ejemplaridad; y defensa corporativa.
Desde un criterio de credibilidad, estos argumentos se apoyan en algo verificable: el fallo del Tribunal de Disciplina, los artículos del código sancionatorio y el hecho objetivo de que el pasillo “de espaldas” fue un desafío abierto a una orden de la organización. La AFA puede mostrar papeles, actas, videos. Aunque claro está, todavía debe dilucidarse la duda que surgió a partir de la publicación de la última fecha y hora de modificación del PDF vinculado al reglamento que argumenta la AFA.
Además de ese “pequeño” detalle, su punto débil está en el criterio de proporcionalidad y consistencia: no existe un patrón claro y público de sanciones equivalentes en casos similares; la ciudadanía futbolera percibe, con razón, que no todos los clubes ni todos los dirigentes reciben el mismo trato por faltas comparables. La ejemplaridad, cuando es selectiva, pierde legitimidad y se parece mucho al escarmiento.
Del lado de Estudiantes, Verón y la dirigencia sostienen que se cumplió la orden “formal”; que la sanción es desproporcionada y ejemplificadora; y que la AFA actúa con discrecionalidad y opacidad.
Como si todo esto fuera poco, La compulsa en el terreno de lo deportivo abre una nueva instancia de la batalla por el control político. Entra en escena la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hoy senadora electa por La Libertad Avanza quien afirma que Tapia “tiene de rehenes a los clubes”, denuncia una “discrecionalidad total” en la conducción y anuncia que desde el Senado investigará la transparencia de la AFA y su sistema de votación interna. Además compara a Tapia con un “gerente de la pobreza” y a los clubes con “piqueteros” que dependen de subsidios para sobrevivir; así, traslada al fútbol su narrativa habitual sobre movimientos sociales y la política de planes.
Desde el punto de vista de la credibilidad, Bullrich señala problemas reales: la dependencia financiera de muchos clubes de los recursos que gestiona la AFA; la ausencia de controles externos robustos y un sistema electoral muy blindado, con reelecciones prolongadas y acuerdos de cúpula.
Pero el criterio de relevancia y coherencia histórica obliga a mirar su propio recorrido: no es la primera vez que un gobierno intenta condicionar a los clubes o usar su peso social con fines políticos. El mismo oficialismo que hoy denuncia la “discrecionalidad” de Tapia presionó meses atrás para que los clubes sancionaran o expulsaran a socios que participaron de una marcha crítica al Gobierno.
Su crítica es atendible en cuanto señala opacidad pero se vuelve problemática cuando oculta que el objetivo del Gobierno no es solo “limpiar” la AFA, sino ganar capacidad de influencia sobre el fútbol, un espacio de enorme poder simbólico y territorial.
Aquí aparece la simetría más inquietante: la dinámica AFA–clubes se parece demasiado a la relación Gobierno nacional–provincias.
En estos dos años de gestión, el Ejecutivo nacional recortó con fuerza los fondos discrecionales y otros envíos a las provincias, al tiempo que incrementó, con criterios poco claros, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia distritos aliados o a aquellos mandatarios más dispuestos a acompañar su agenda.
Los gobernadores denuncian un esquema de asfixia financiera selectiva: recortes a transferencias, paralización de obras y eliminación de subsidios que golpean especialmente al interior, mientras el Gobierno preserva o negocia beneficios con jurisdicciones clave o más alineadas.
El enfrentamiento escaló al punto de que provincias demandaron judicialmente a la Nación por la quita de fondos, y el Congreso empezó a aprobar leyes para automatizar el reparto de recursos que hoy dependen del humor del Ejecutivo. Milei las vetó, y el Senado respondió rechazando esos vetos, bajo el argumento de que no se pueden usar los ATN como látigo político.
Si ponemos lado a lado las dos escenas -club que protesta y recibe un castigo ejemplarizante; gobernador que se planta y enfrenta la tijera de los fondos- el patrón se vuelve evidente: el poder central (AFA o Casa Rosada) usa recursos que controla de manera discrecional para premiar lealtades y disciplinar disidencias.
El “caso Estudiantes” dejó de ser una cuestión de protocolo mal entendido. Es hoy un laboratorio donde se ven, en miniatura, las patologías del poder argentino: discrecionalidad en el uso de recursos, confusión entre institución y persona, castigos ejemplarizantes al disidente y cooptación del que se alinea.
La AFA tiene razones atendibles para exigir respeto a sus decisiones y sancionar excesos. Pero esas razones pierden legitimidad cuando la vara disciplinaria se percibe como herramienta de control político y no como aplicación pareja de un reglamento. Estudiantes, por su parte, defendió el derecho a un gesto crítico, pero eligió un formato de protesta calculadamente provocador, sabiendo que colocaba al sistema frente a un desafío que difícilmente se dejaría pasar.
La intervención de Bullrich y del Gobierno abre una segunda capa de riesgo: el fútbol como campo de batalla más en una guerra por el control de instituciones, recursos y símbolos, en un contexto donde la Casa Rosada ya utiliza la billetera nacional como premio o castigo frente a los gobernadores. Lo que se juega, entonces, no es solo quién manda en la AFA, sino si el país es capaz de construir reglas estables que limiten tanto la discrecionalidad del poder deportivo como la del poder político.
Desde nuestra visión, seguir naturalizando que el que manda reparte favores y castigos según el grado de obediencia solo garantiza que el próximo “pasillo de espaldas” no sea en una cancha, sino en la democracia misma.
