os integrantes de la Sala Acusadora resolverían durante la mañana de hoy suspender nuevamente en sus funciones al gobernador Colazo, notificar al mandatario de la resolución y posteriormente girar las actuaciones a la Sala Juzgadora.
Tras el cuarto intermedio dispuesto el martes por la tarde, los parlamentarios habrían instruido a sus respectivos asesores letrados que redacten una fundamentación que se adecue ajustadamente a las exigencias planteadas por el Superior Tribunal de Justicia en su fallo del pasado 7 de octubre, para que la separación temporal del Gobernador de su cargo pueda hacerse efectiva durante la etapa de juzgamiento del proceso de juicio político.
Se espera que de la reunión, que comenzará hoy a las 10, participen al menos 6 de los 7 integrantes de la Sala Acusadora, ya que se desconocía si el oficialista Jorge Bericua daría el presente, habida cuenta que como integrante de la Comisión Investigadora había recomendado la desestimación de las dos denuncias presentadas contra Colazo.
Según trascendió, entre los integrantes de la sala Acusadora que resolvieron acusar a Colazo (los justicialistas Carlos Saladino, Raúl Ruiz y Rubén Sciutto; los mopofistas Roberto Frate y Miguel Portela; el arista Manuel Raimbault) existiría alguna diversidad de criterio en cuanto al contenido que se le debe dar al escrito que funde la suspensión, pero no así en cuanto a la pertinencia de disponer esa medida.
Una vez dispuesta la suspensión, la determinación deberá ser notificada al Gobernador, quien a partir de ese momento se vería reemplazado provisoriamente en el manejo del Poder Ejecutivo por el vicegobernador Cóccaro. Esta separación podría prolongarse hasta un máximo de 2 meses, ya que ése es el plazo constitucional con que cuenta la Sala Juzgadora para expedirse sobre la inocencia o culpabilidad del imputado.
Esta sala quedará conformada oficialmente a las 17 de hoy cuando, en sesión especial convocada al efecto, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia preste juramento como presidenta de esa Sala, y tome el juramento de rigor a los 8 legisladores que la integrarán.
Un trámite más complicado
Todo hace presuponer que a partir de mañana la provincia se verá conmovida por un nuevo cimbronazo institucional, ya que se estima que el Gobernador no aceptará de buena gana su separación temporal del cargo. No se descarta por ello que una vez conocida la suspensión legislativa, Colazo formule una nueva presentación ante la Corte Fueguina para cuestionar la validez de esa resolución, en cuyo caso el Superior Tribunal podría analizar la racionabilidad de los fundamentos esgrimidos para la suspensión y convalidarlos o rechazarlos. En este último supuesto, Colazo sería repuesto en su cargo.
De acuerdo a lo que dejaron trascender allegados al mandatario, de disponerse una nueva suspensión –como se supone que efectivamente sucederá–, no se descarta que Colazo pretenda acusar a la Sala Acusadora de haber incurrido en desobediencia judicial, en el entendimiento de que la sentencia del pasado 7 de octubre habría vedado al Parlamento la posibilidad de que lo aleje temporariamente de su cargo. Es más, de cumplirse lo anunciado por el ministro de Coordinación, Edgardo Welsch, el Gobernador podría promover una denuncia por sedición contra los parlamentarios que conforman la Salas Acusadora (ver nota "Sediciosos o...").
Distintos abogados del foro local consultados por este medio coincidieron en señalar que la denuncia por desobediencia o por sedición carecería de todo fundamento jurídico válido, por lo que la Justicia debería rechazarla sin más trámite. Estos letrados consideraron que la potencial nueva suspensión de Colazo de ninguna manera implicaría desconocer la sentencia de la Corte, sino muy por el contrario acatarla en su plenitud si la separación cumple con el requisito de estar debidamente fundada.
Yo te avisé...
Para los letrados consultados, tampoco tendría entidad jurídica la nota presentada el martes de esta semana ante la Corte y a la Sala Juzgadora de la Legislatura por un abogado local, en representación de un estudio jurídico de la Capital Federal (según trascendió sería el de Bianchi–Galarce), en la que se anunciaba que el Gobernador presentará un recurso extraordinario federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cuestionar la sentencia dictada el viernes de la semana pasada. Esta vía recursiva debe ser autorizada por el Superior Tribunal de la Provincia, en caso contrario quedaría abierta la posibilidad de que Colazo presente un recurso de queja ante el máximo tribunal del país.
En esta notificación se sostendría que como Colazo tiene 10 días desde dictada la sentencia para interponer ante la Corte fueguina el recurso extraordinario, la Legislatura debería abstenerse de adoptar durante ese lapso de tiempo cualquier medida que modifique el estado de situación dispuesto por el fallo del Superior Tribunal. Los abogados consultados refirieron que ese aviso carece de efectos legales concretos para impedir la actuación jurisdiccional del Parlamento en el proceso de juicio político, máxime cuando el Superior Tribunal dispuso la continuidad del mismo. Por otra parte, se consideró un error que esa notificación haya sido girada a la Sala Juzgadora, ya que es la Sala Acusadora quien debe resolver sobre la suspensión de Colazo. Incluso se mencionó que la Sala Juzgadora, que quedará formalmente integrada después de las 17 de hoy, tomará conocimiento del escrito luego de que la Sala Acusadora haya resuelto el tema de la suspensión del Gobernador.
