La Defensoría Pública apeló ayer los procesamientos de los dos acusados de haber cometido el crimen del almacenero Daniel Santa Cruz el pasado 18 de julio en el barrio Kaupén. Se trata de Marcos Fernando Díaz y Norberto Miguel Ángel Gómez, a quienes el juez Javier de Gamas Soler consideró probables autores del hecho y los procesó por robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio en ocasión de robo, en una resolución dictada el viernes 6 de agosto.
Ahora el defensor público Guillermo Echagüe, a cargo de las defensas de ambos imputados, presentó en la víspera un recurso de apelación que tras la vista correspondiente a la Fiscalía será elevado ante la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones con asiento en Río Grande.
Según trascendió, en la apelación se cuestionó la valoración de algunas pruebas realizada por el magistrado, así como el procedimiento policial mediante el cual se obtuvieron y custodiaron algunos elementos de interés para la causa.
En concreto, la defensa pretende desacreditar la contundencia que se le adjudicó a una mancha de sangre de la víctima, que fue hallada en una zapatilla perteneciente a Gómez, además de algunos testimonios que resultaron incriminantes de acuerdo a la opinión del juez.
Del mismo modo, se hace hincapié en la situación de Díaz, al que no involucra una prueba de ADN (como ocurrió con Gómez) y al que ligaron al caso varios testigos y la filmación realizada por la Cooperativa Magui Mar, en la que se observa a ambos acusados caminando hacia el barrio El Escondido momentos después del crimen, y unos minutos más tarde en dirección contraria con ropa cambiada, según se presume, para despistar a los investigadores.

Rumbo a la Cámara

La hipótesis deslizada por el pronunciamiento de De Gamas Soler es que los procesados bajaron del barrio y se dirigieron directamente hacia el almacén Santa Cruz, ubicado en la calle Holl Holl 1983, donde minutos después atacaron a puñaladas a la víctima, para posteriormente regresar al mismo domicilio y cambiarse la vestimenta.
La resolución sobreseyó a Marcelo Díaz, hermano de Marcos, quien habría permanecido siempre en el interior de la casa durante el lapso en que se desarrollaron los acontecimientos, ya que nunca fue tomado por la cámara de seguridad, como sí ocurrió con los otros dos imputados.
No obstante, el presidente de Magui Mar, Oscar García, denunció que Marcelo Díaz amenazó a un trabajador de la empresa desde el interior de un auto, luego de quedar en libertad como consecuencia de la decisión judicial. Este hecho se investiga en forma independiente del crimen.
Ante el recurso presentado por el abogado defensor, la Cámara de Apelaciones deberá resolver ahora si confirma los procesamientos y prisión preventiva de Marcos Díaz y Norberto Gómez, o si encuentra elementos para dictar la falta de mérito o el sobreseimiento de los involucrados.
Si se ratifica el pronunciamiento de primera instancia, los sujetos seguirán presos y el rumbo inexorable del caso será el juicio oral y público que debería llevarse a cabo antes de que se cumpla un año desde la detención de los acusados para evitar que queden libres, tal como establecen las normas procesales.