Aunque todavía no tomó dimensión pública, el Gobierno viene trabajando en silencio para cerrar un acuerdo con la Unión Transitoria de Empresas Andrade Gutiérrez–Ormas, y de esta manera concluir con la obra del puerto Caleta la Misión de Río Grande. La semana pasada el presidente de Puertos Alejandro Berola habría viajado a Buenos Aires para reunirse con los empresarios y avanzar en una propuesta que incluye un grupo francés que propone comprar el juicio, y hacerse cargo del incumplimiento del contrato por parte del Estado fueguino, y ser éste quien concluya el mega proyecto portuario de aguas profundas en la zona norte de la isla.
El primer dato lo dio a conocer la propia gobernadora Fabiana Ríos a fines del mes pasado, cuando en una entrevista que le efectuaron los periodistas el programa de televisión “Político” que se emite por Canal 11 de Ushuaia, anunció sobre el puerto, que “existe la decisión política del Gobierno de continuarlo”.
La carta que se juega la gestión arista es ésa; concluir la obra que se inició durante el segundo mandato del ex gobernador José Estabillo y que a fines de 1998 se paralizó por la falta de pago; sin necesidad que sea el Estado quien financie su terminación.
Desde la época de Carlos Manfredotti la UTE Andrade Gutiérrez–Ormas viene presentando administrativa y judicialmente un reclamo por “tiempos improductivos” al haber instalado maquinarias y dispuesto de personal y no haber obtenido el pago acordado con el gobierno para su continuidad.
A mitad de 2005, en el primer año de la gestión del destituido Jorge Colazo, el gobierno había anunciado su continuidad y convocado a profesionales de las Universidades Nacionales de Córdoba y de La Plata para su evaluación. Pero con la salida de Colazo, el proyecto volvió a estancarse.
Esta vez, la alternativa vendría de la mano de una empresa francesa quien estaría dispuesta a comprar la deuda, y realizar una inversión cercana a los 200 millones de dólares a cambio de una concesión por un lapso de 25 años. Pero con un nuevo elemento que se negocia; la participación accionaria del Estado provincial, lo que le permitiría tener voz y voto dentro de un directorio.