La jueza María Cristina Barrionuevo procesó ayer al ministro de Gobierno Guillermo Aramburu en la causa penal que investiga el presunto nombramiento ilegal del actual director del Servicio Penitenciario de la Provincia, Carlos Devaz.
La resolución determinó también el auto de procesamiento del propio Devaz, por haber aceptado la designación a sabiendas de que no cumplía con uno de los requisitos exigidos por la ley 777, como es poseer título universitario en materia penitenciaria.
Se trata de los primeros funcionarios de la administración de la gobernadora Fabiana Ríos en ser alcanzados por un procesamiento de la Justicia, en lo que va de la gestión.
Por su parte, la magistrada resolvió el sobreseimiento de la propia mandataria, que también había sido indagada en la causa por ser una de las autoridades (la otra es Aramburu) que rubricó el decreto de designación del jefe penitenciario.
En el caso de Ríos, la jueza consideró que si bien firmó el decreto, no estaba al tanto de los detalles del nombramiento. Para esta postura contribuyó la declaración indagatoria prestada por el ministro, quien se hizo personalmente responsable de lo actuado y explicó por qué según su criterio no se había cometido ninguna ilegalidad. Además, trascendió que en el expediente de la designación no consta un dictamen de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno, lo que podría haberle dado a la Gobernadora un conocimiento más minucioso del acto que se disponía a rubricar.
Tanto Aramburu como Devaz fueron considerados autores “prima facie” responsables del delito previsto en el artículo 253 del Código Penal. Allí se tipifica como una actividad delictiva la designación por parte de una autoridad, de otro funcionario público “en quien no concurrieren los requisitos legales”. Y como la misma figura involucra “al que aceptare el cargo para el cual no tenga los requisitos legales”, el caso alcanzó al propio Devaz.
La denuncia había sido formulada en mayo de este año por el ex titular del Servicio Penitenciario, nombrado en esta misma gestión, Alberto Rojas.
Rojas fue separado del cargo luego de haber denunciado públicamente la falta de recursos económicos para llevar a cabo sus objetivos funcionales.
La denuncia también mencionaba a la actual secretaria de Seguridad, Graciela Argüello, aunque la Justicia comprobó que no había tenido ninguna participación concreta en el expediente de Devaz.
Barrionuevo indagó al titular del Servicio Penitenciario el lunes 2 de agosto, y al día siguiente, martes 3, se presentaron Ríos y Aramburu. La Gobernadora presentó un escrito exculpatorio y no contestó preguntas de la magistrada. Tampoco hizo declaraciones a la prensa que la esperaba a la salida de Tribunales. Por su parte el ministro accedió a ser indagado y justificó la designación del funcionario.
La resolución de primera instancia dictada ahora puede ser recurrida ante la Cámara de Apelaciones de la Provincia.

Antecedentes

No es la primera vez en la historia provincial que se investiga la designación ilegal de funcionarios públicos.
Durante el mandato del ex gobernador José Estabillo, se inició una causa por el nombramiento irregular de un director del Banco de Tierra del Fuego, que no cumplía con los requisitos fijados por la ley. El funcionario y el ministro que firmó el acto administrativo fueron imputados, como así también Estabillo, que fue indagado y luego sobreseído.
En tanto, durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti, se denunció la designación irregular del presidente de la Dirección Provincial de Puertos, quien era el hermano del mandatario cuando las leyes no lo permitían. Pero en ese caso, ante la sustanciación de la causa, el Gobierno reaccionó realizando un enroque entre el presidente y el vicepresidente del organismo.
En cuanto a la investigación actual por el nombramiento en el Servicio Penitenciario, las autoridades gubernamentales optaron por redoblar la apuesta y lejos de corregir un supuesto error, mantuvieron en el puesto al funcionario cuestionado.