Por Fulvio Baschera

Lo ocurrido a partir de la publicación relatada a EDFM por el periodista Daniel Puebla, que involucra a Daniel Farías, quien por ese entonces se desempeñaba como secretario Legislativo del Concejo Deliberante de Río Grande y hasta ayer lo hacía como subsecretario de Hacienda de la Provincia, abrió de la manera más descarnada una profunda herida en la pretendida imagen ética de la administración Ríos.
Por otro lado y a la luz de las declaraciones del ministro de Gobierno Guillermo Aramburu, la soberbia gubernamental vuelve a hacerse presente estableciéndose definitivamente como un estilo de gestión.
Procurar minimizar el impacto de los sucesos apuntando la responsabilidad contra el periodista que denunció públicamente el hecho, pretendiendo recurrir al artilugio de invertir el peso de la prueba, constituye por un lado un marcado desconocimiento del desarrollo del periodismo, para nada cuestionable para quien no lo ejerce, y un llamativo olvido de los deberes legales de quien detenta un cargo público, situación esta absolutamente cuestionable.
Entre los tantos que existen citaré dos casos en la historia del periodismo que destrozan las pretensiones del Ministro Aramburu cuando, muy didácticamente sostiene que “...si uno tiene la certeza o la convicción de que esto tiene la gravedad a la cual aduce el periodista, hubiera hecho la denuncia judicial. No es la esfera de los medios, la esfera mediática la que debe definir o juzgar las actuaciones, sino que hay todo un poder específico para eso, que es el poder judicial. No he escuchado que Puebla haya hecho denuncia”.
Uno es el histórico Watergate que culminó con la dimisión del presidente norteamericano Richard Nixon, y que tuvo como punto de partida la denuncia periodística, sin que los periodistas del Washington Post (Berstein y Woodwar) tuvieran que radicar denuncia judicial alguna. Otro, mucho más cercano, el que determinó el enjuiciamiento y la renuncia de Felisa Micheli al ministerio de Economía. En esa oportunidad también fue la denuncia periodística, a partir de la investigación de Jorge Lanata, la que motivó el accionar de la justicia sin que el periodista tuviera que pasar previamente por tribunales.
Desde la profesión periodística, cuando se tiene la certeza, es cuando se está en condiciones de denunciar públicamente, sin que la denuncia judicial se transforme en un requisito indispensable ni de la integridad profesional, ni de la veracidad de la denuncia. Desde que la situación es pública, sí es una obligación de cualquier funcionario público promover su investigación.
Es el propio Aramburu quien reconoce haber tomado conocimiento de lo denunciado públicamente por Puebla, sin embargo es el mismo funcionario el que pretende hacernos creer que si no existe denuncia judicial, la situación no existe.
Si bien es absolutamente cierto que en definitiva es la justicia quién debe evaluar la situación, también lo es el hecho de que lo ocurrido pone a los actores gubernamentales en el límite mismo de la pretendida ética política.
La aseveración de que no corresponde a la administración Ríos establecer investigación alguna dado que al momento de la denuncia Farías no era funcionario provincial, o bien es otra muestra de soberbia o una profunda falta de respeto hacia la ciudadanía toda. Y al referirme a la ciudadanía toda obviamente alcanzo a la Mandataria fueguina, y sería bueno que, por las dudas, alguien la anoticie.
Siendo funcionario público municipal, Farías fue denunciado públicamente por haber ofrecido dinero para que se exaltaran las ventajas del controvertido proyecto de la empresa TDFEyQ S.A.
Siendo funcionario público provincial y miembro de la comisión que precisamente tiene a su cargo la evaluación de las ofertas para la industrialización del gas de regalías, en la que la única oferente resultó la empresa TDFEyQ S.A. renunció, y al decir de Aramburu, la administración Ríos sostiene que lo acontecido no amerita investigación alguna sobre lo actuado por el funcionario renunciante.
Hace casi tres años, alguien decía: “Tengo decidido hacer un gobierno de los ciudadanos, y dejar atrás a la lógica de corporación que cree que la política se construye con códigos oscuros. Quiero construirla con principios”.
“La institucionalidad es la riqueza de un pueblo, sin institucionalidad solo hay corrupción e impunidad para los negociados y se construye desde un Estado que privilegia una administración sometida a la ley y orgullosa de cumplir con los ciudadanos”.
Era para untar... era para untar...