Argumentando razones de salud, en la mañana de ayer el contador Claudio Ricciuti le presentó a la gobernadora Fabiana Ríos su renuncia al cargo de vocal del Tribunal de Cuentas, en el que se desempeñaba desde 1994.
La Gobernadora impuso ayer mismo a la Legislatura de la novedad y solicitó que se le informe oficialmente sobre el estado de avance del proceso de juicio político contra los tres miembros del órgano de control antes de aceptar la dimisión de Ricciuti. Se estima que la respuesta le sería remitida durante el día y que durante esa misma jornada dictaría el decreto de aceptación de la renuncia presentada.
El alejamiento de Ricciuti del cargo implica que la denuncia en su contra se torna abstracta por lo que queda desvinculado del proceso iniciado contra los tres vocales del Tribunal por la denuncia presentada por el senador José Martínez, en la que les imputa haber violado la Constitución y la ley orgánica del Tribunal por percibir salarios que superan la remuneración de la Gobernadora.
La decisión de Ricciuti fue adoptada a 6 días de que venza el plazo para que la Sala Acusadora deba resolver por mayoría si acusa a Miguel Longhitano y Alberto Caballero, los otros dos funcionarios alcanzados por la denuncia.
Claudio Ricciuti era el único miembro del Tribunal de Cuentas sobreviviente de la conformación original del cuerpo que se había integrado con Eduardo Leonidas y Estela Vandoni. Había accedido al cargo a propuesta de la Legislatura, por lo que será es mismo poder quien deba postular al Ejecutivo el nombre de su reemplazante.
Luis Ausgburger, abogado que lleva adelante la defensa de Ricciuti y Caballero, dijo en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia que intuía que detrás de la decisión de Ricciuti existían presiones políticas, pero evitó individualizar a los supuestos responsables de esa maniobra por carecer de pruebas concretas sobre ello. La opinión de Augsburger resulta coincidente con la versión difundida a fines de junio por el Portal Sur 54, que daba cuenta que un legislador del oficialismo y un ministro del Poder Ejecutivo habrían solicitado la renuncia de uno de los vocales del Tribunal como prenda de cambio para archivar la denuncia en su contra.