J
. Daniel Guzmán
Nadie escuchó. En el seno del gabinete del gobierno de María Fabiana Ríos, nadie escuchó que desde el año pasado el periodista Daniel Puebla de la FM de Río Grande Aire Libre venía denunciando públicamente que el por entonces secretario Legislativo del Concejo Deliberante de esa ciudad, Darío Farías, y mano derecha del concejal Gustavo Longhi –desde el martes ex Subsecretario de Hacienda y ex miembro de la comisión de industrialización de gas–, le había ofrecido a él y a su socio Osvaldo Muñoz, 10 mil pesos para que exaltara las bondades del proyecto que proponían los chinos de Tierra del Fuego Energía y Química SA.
No lo escucharon los integrantes de la Secretaría de Comunicación Institucional que trabajan en aquella ciudad y que monitorean permanentemente lo que informa la prensa radial, lo que se dice, y lo que comenta la audiencia. Tampoco los “correveidile”. Los que dentro de sus funciones públicas, asumen como propio la de alcahuetes y de armar operativos telefónicos para contrarrestar las opiniones vertidas a través de las líneas abiertas.
Nada escucharon los legisladores, oficialistas ni opositores, en el mismo momento que la gestión arista quería sacar con fórceps el convenio de venta directa que ellos habían avalado a través de la navideña ley 774.
Nada escucharon los jueces, los fiscales, y funcionarios de la justicia provincial con sede en aquella ciudad, como para abrir una investigación de oficio, sobre un tema que sin ser específicamente esta denuncia, terminó resolviendo el Superior Tribunal de Justicia, al intervenir y declarar la inconstitucionalidad de esa misma ley.
No la escuchó la gobernadora –le creo–, y aparentemente tampoco su esposo, ni el Secretario de Hidrocarburos Eduardo D´andrea, responsable de la negociación por la venta de gas de regalías del Estado Provincial con los chinos, ni el propio contador Farías y no les creo. Ya que Farías sabía, al menos por el propio Longhi; lo que el hombre de prensa había denunciado.
El único que se atrevió a decir que algo escuchó, pero a manera de trascendido, fue el ministro de Gobierno Coordinación General y Justicia Guillermo Aramburu, pero como no existe denuncia formal en los estrados judiciales, le quitó entidad, descartó una investigación desde el Poder Ejecutivo, para conocer hasta dónde llega la relación extraoficial, de buenos oficios y de buena voluntad, de la dupla Farías–Longhi con los chinos.
Pero lo que nadie escuchó en Río Grande, lo escuchó EDFM en Ushuaia a través de un dúplex radial que realizó la semana pasada Daniel Puebla con el periodista “Charly” Molina, y lo hizo público. Y tan público fue, que antes de las 24 horas el contador Darío Farías presentó a la Gobernadora su renuncia indeclinable a los dos cargos que había sido designado, para “despejar toda duda deslizada en los trascendidos públicos y alejar de la gestión del Gobierno toda sospecha que se me quiera imputar”.
Aún así, y aunque leyeron lo que publicó este medio, el gobierno hace uso de una efectiva sordera. El mismo gobierno que a través de gacetilla sostiene que “las denuncias públicas efectuadas por dos medios periodísticos de la provincia (…) vinculaba (y vincula) al contador (Darío Farías) con presuntas gestiones realizadas hace tiempo atrás y que hoy resultarían incompatibles con su función”, que ya no cumple.
En un intento de enfriar la denuncia, el ministro Aramburu le pega un bombazo a la pelota que viene con barro –”proclama”, la califica–, e intenta sacarla de la cancha para no tener que responder sobre lo que sin lugar a dudas el gobierno tiene que dar respuesta. “¿Respuesta oficial?, ¿a qué se refiere?”, declara con exagerada inocencia, y lineal hipoacusia y desentendimiento, el Jefe de la cartera política.
“Primero no sería una línea investigativa del gobierno, segundo que las fechas a las que aducen no se era funcionario de la gestión provincial y no podría obrar de manera inquisitiva el Poder Ejecutivo con esto”, respondió en desordenado tropel de palabras Aramburu en franca contradicción –y permítanme la reiteración–, de lo que a través de gacetilla la misma gestión y no otra; el martes afirmaba, “como de presuntas gestiones realizadas hace tiempo atrás y que hoy resultarían incompatibles con su función”.
Mientras el balón anda rebotando por la tribuna y ni la propia hinchada quiere tocarlo para no embarrarse las manos, el gobierno le pide al periodista que vaya a la justicia, haga “la denuncia que corresponda”, para que de esta manera Farías se puede defender. Pretende que Daniel Puebla realice lo que ellos, en merito de la ética pública y la transparencia que profesan no hacen, mientras se juega con un “aquí no ha pasado nada” y se avanza con la venta del gas de todos los fueguinos a los chinos.
Sin embargo lo que se le pide al hombre de prensa, tampoco es tomado por la justicia. Sorda esta –también ciega y muda–, parece no escuchar, ni leer, ni tener capacidad para expresarse.
Ayer en la inauguración de la “Jornada de Jueces de la Nación” el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti reconocía que “cuando dicen que la justicia lenta no es justicia, tienen razón”, no deja dudas qué calificativo utilizaría ante la existencia de una justicia sorda, la que al igual que el gobierno, no abre una investigación sobre la base de la denuncia varias veces reiterada por la prensa.
Escondido, buscando vaya uno a saber que claridad entre tanta penumbra, yace el mano derecha de Gustavo Longhi y coautor del Partido Social Patagónico. El que en una ostentación de poder político, empujó a Leonardo Gorbacz fuera del gobierno y hacía operativos para hacer lo mismo con el ministro de Economía Rubén Bahntje. El mismo Farías que se fue del gobierno, sin aclarar qué hacía –como afirma Puebla–; ofreciendo plata a la prensa, en nombre de los chinos.
