La secretaria General de la CTA, Silvia Paredes, se refirió a la protesta que un grupo de integrantes de la Central de Trabajadores y el Foro Social Urbano realizaron en rechazo al desalojo de dos familias que viven desde hace más de 25 años al lado del arroyo Grande, en la zona en que está emplazado el Hotel Sheraton. Cabe recordar que ya existe una orden de desalojo, emanada por la jueza Adriana Rapossi, pero que fue suspendida hasta el 1 de febrero, por el juez de Minoridad y Familia Alejandro Ferreto porque no estaban dadas las condiciones.
En este sentido, Paredes indicó que “lo que pasa es que básicamente decimos que el desalojo de estas familias es consecuencia de estos negocios inmobiliarios que lo único que hacen es entregar el patrimonio publico. La pregunta que nos hacemos es de quién es el arroyo Grande”, y agregó que “siempre sostenemos que los cursos de agua son de nuestro país, por lo tanto creemos que no pueden estar privatizados”.
Además, comentó que “esto comenzó cuando el grupo Alarken compró el predio de Pastoriza e iniciaron el juicio de desalojo. Este último tiempo, el juicio avanzó y se agilizó de una manera muy rara y la jueza Rapossi planteó el desalojo”.
Asimismo, refirió que “seguramente que a estos sectores poderosos les molesta que haya gente viviendo en esta zona” y sostuvo que “son la familia Morinigo y Barrientos que hace más de 25 años que están acá. Nosotros decimos que los jóvenes crecen y tienen hijos y lógicamente pasa esto porque no hay una planificación de parte de las autoridades”.
En este punto, la dirigente gremial señaló que “la política social tiene que ser mucho más fuerte teniendo en cuenta que la característica de Tierra del Fuego es familia numerosa”.
Por su parte, Soraya Morinigo, una de las personas afectadas por esta situación, expresó que “nuestra familia hace 25 años acá. Mi papá accedió a este lugar cuando eran tierras fiscales y cuando la empresa compró estos terrenos a Pastoriza nos hicieron el juicio de desalojo. Esta orden la tienen que ejecutar cuando se retome la actividad en la Justicia”, y argumentó que “nunca el Gobierno ni el Municipio nos dieron un papel de nada. Nosotros pagamos la luz desde el año 1995”.
Finalmente, señaló que “esta gente creo que tiene un proyecto de cabañas y querían utilizar este predio, pero si nosotros no podemos estar acá al lado del arroyo, ellos tampoco lo pueden utilizar. Lo que pedimos es que alguien nos dé una solución a este problema”.