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Fulvio Baschera
Ya no alcanza con medirse en lo que uno dice, si no que ahora parece que habrá que cuidarse de lo que uno piensa que quiso decir. Ya verá Usted por qué lo digo.
Ésa es la sensación que surge a partir de la lectura y posterior explicación del fallo de la Corte fueguina en el caso que sobre Daños y Perjuicios impulsara el Fiscal de Estado, Martínez de Sucre, contra el extinto senador nacional José Martínez.
En cuestiones de honor el límite es el insulto, aseguran los jueces, y puede ser que tal como afirmaron, en el sentido restrictivo de interpretar la cuestión, algo de razón tengan. Lo medular entonces termina siendo la precisa determinación del vocablo, giro idiomático o expresión popular que pueda ser catalogada de insultante, al punto extremo de merecer una condena. Y acá es donde me parece que, como comúnmente se dice, estamos en el horno. En cuestiones de legalidad, durante años el legislador y los hombres de leyes se han venido devanando los sesos para tipificar los tipos de delitos, sus agravantes o atenuantes y el mecanismo para determinar la intensidad de la pena. En este caso en particular deberíamos contar con un elemento que podríamos denominar “insultómetro”, para así saber hasta dónde podemos llegar para no violar la ley, o para que nuestros dichos no sean interpretados por un juez como “expresiones inútilmente vejatorias”. En este extremo podría darse el caso de que si puteo a un funcionario merezca una condena de un determinado monto de dinero, el que podría verse incrementado si además ese funcionario es un pariente, ya que quedaría incurso en el delito de haber vertido “expresiones inútilmente vejatorias agravadas por el vínculo”.
El grado en que las personas nos ofendemos no es unívoco, como no lo es el proceso interpretativo que de la supuesta ofensa puede llevar adelante tanto la propia persona como un Juez. Y de allí que la cosa se complique bastante más de lo que uno puede suponer. Merituar cuestiones subjetivas sin duda alguna debe ser unas de las tareas más difíciles que enfrenta cualquier mortal. Qué quiero decir con esto, que nuestra reacción ante un mismo caso no será siempre idéntica y dependerá de distintas circunstancias. Como ejemplo podría citar que en 2005 el propio Fiscal de Estado fue acusado de delincuente y sinvergüenza por el destituido gobernador Jorge Colazo, y su reacción fue otra y no lo demandó.
Claro que de ninguna manera pretendo que se interprete que uno puede andar por la vida profiriendo expresiones inútilmente vejatorias a diestra y siniestra sin tener que hacerse cargo de sus dichos, la cuestión pasa por el temor que el precedente sienta toda vez que no está establecido, de manera taxativa qué es lo que puede considerarse insultante o no. Y aquí es donde cerramos el primer párrafo. Cuidado con lo que pensó Usted que quiso decir cuando dijo lo que dijo, porque parece que existe un ser superior capaz de interpretar que lo que Usted cree que dijo no es tan así, y marche preso.
En nuestra historia sobran los casos para ilustrar cuán distantes están para nosotros los humanos, (de linyeras a jueces), los estándares de ética y moral como para poner estos elementos como factores determinantes de aplicación de condenas.
Si como ciudadanos, para manifestar nuestras dudas sobre el accionar de algún funcionario público, electo o no, debemos considerar el empleo de un lenguaje cuidado, que además no merezca la calificación delictiva de abuso del derecho, porque alguien subjetivamente pueda interpretar que nuestra intención es la de trasmitir a la sociedad que el funcionario en cuestión no es una persona honorable, decente y merecedor del cargo que ocupa, no sólo desaparecería la posibilidad de cuestionar a funcionario público alguno (ya que el cuestionamiento a este sólo puede surgir por la presunción de cualquiera de los argumentos antes citados), si no que podría decirse que se estaría imponiendo una jerarquía ciudadana que podría denominarse como “cuestionador calificado”: Sólo podrán cuestionar o pedir juicio político los excelsos conocedores del derecho y aquellos ciudadanos con una más que abultada cuenta corriente como para poder pagar por el derecho a ejercer la libertad de expresión.
Me inclino más a pensar que en cuestiones de honor el límite es la educación y la probidad. Pero ante la eventualidad de que la jurisprudencia rumbee para otro lado, me quedo con eso del Nano: “Pero, puestos a escoger, soy partidario, de las voces de la calle, más que del diccionario…”.
