A
nte la reiteración de situaciones como las acaecidas recientemente en las cuales se afecta e involucra a Profesionales de la Planta Permanente de la Administración Central del Gobierno Provincial y que han sido de público conocimiento, rescatamos en el medio de declaraciones y explicaciones francamente burdas y poco convincentes, la afirmación de las autoridades del Ejecutivo Provincial de proceder a la cobertura de cargos por concurso, coincidiendo con lo que desde siempre venimos reafirmando y sugiriendo respecto de la necesidad de propender a la implementación efectiva de este mecanismo para el acceso a los cargos jerárquicos de la Administración Pública Provincial, en base a condiciones de transparencia, idoneidad y respeto a la Carrera Administrativa.
En tal sentido, queremos manifestar, una vez más, que estamos a disposición de la Sra. Gobernadora y sus colaboradores para cooperar activamente en la instrumentación de todas las acciones que sean necesarias para tal fin y que confiamos en que seremos invitados a participar como veedores de los concursos que se realicen, a fin de evitar situaciones que en el pasado han dado lugar a la presentación de pedidos de impugnación a los que en algunos casos se hizo lugar.
La cuestión del empleo público en Tierra del Fuego no ha tenido a lo largo de veinte años de autonomía provincial, un lugar en la agenda política y prueba de ello, es la vigencia cristalizada de marcos normativos que han sido derogados y superados tanto a nivel nacional como en las diferentes provincias del país.
Entendemos que las relaciones entre Estado y Sociedad mejoran y avanzan no por la inexistencia de problemas, sino por la capacidad desplegada por los distintos actores para no discutir siempre sobre lo mismo. Tal vez radique aquí una de las debilidades de la institucionalidad en Tierra del Fuego y la causa-efecto de no poder definir verdaderas Políticas de Estado. El asunto del empleo público en Tierra del Fuego, más allá de estar siempre presente en el discurso de los distintos gobiernos nunca ha sido encarada con verdadera seriedad.
Su tratamiento público y por tanto político merece ser abordado en todas sus dimensiones, pero siempre para superar las actuales inequidades internas y externas que conspiran con todo intento de consolidar una Administración Profesional y de Mérito en la Provincia. Los salarios profesionales que se pagan en las Municipalidades y Organismos de Control de la Provincia, y demás Poderes del Estado, respecto de lo que cobran los profesionales de la Administración Central, lleva por ejemplo a que los propios funcionarios políticos terminen ofreciendo como forma precaria y perversa de compensación aquellos cargos que teóricamente debieran concursarse. Por ello, queda claro que la inequidad remunerativa es junto con otras no menos importantes una situación que amenaza cualquier intento serio y efectivo de contar con una administración basada en el mérito.
La cobertura de cargos jerárquicos en la Administración Pública Provincial no se resuelve con medidas emocionalmente reactivas sino con una consistente decisión estratégica para incluir en la agenda pública la cuestión del empleo público y de la carrera administrativa en el contexto amplio de una Política de Estado, que apunte a lograr una administración gubernamental lo más profesional y lo menos discrecional que sea posible ya que la discrecionalidad sin institucionalidad republicana se transforma en arbitrariedad.
