La Justicia Federal de Buenos Aires descubrió que la esposa de Jorge Raúl Vildoza, el represor que habría vivido en Ushuaia estando prófugo, cobraba una pensión desde 1987, a pesar de que su marido había sido dado de baja de la Armada cuando lo acusaron de cometer delitos de lesa humanidad.
Ana María Grimaldos, de 76 años, está presa desde el 3 de julio, cuando la detuvieron en una vivienda de la localidad bonaerense de Acassuso, después de permanecer 24 años huyendo de las autoridades acusada de apropiarse de un bebé de un matrimonio de desparecidos.
La mujer declaró que su esposo está muerto, pero la Justicia está tratando de constatar esa versión, para verificar que no se trate de una maniobra destinada a encubrir el paradero del ex Capitán de Navío que fue segundo jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
En ese marco, la jueza federal María Servini de Cubría descubrió que Grimaldos cobraba una pensión por viudez desde hacía 25 años, correspondiente al último grado militar ocupado por su marido.
A raíz de ello, la jueza ordenó en los últimos días el allanamiento de la sede de la Armada Argentina, en busca de documentación vinculada con la percepción del beneficio. La medida se llevó a cabo en el edificio Libertad, ubicado frente a los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, y sirvió para requisar documentos en el sector de pensiones militares. También fue revisada la sede de la Sociedad Militar de Seguros de Vida, a través de la cual Grimaldos cobraba el haber mediante un poder otorgado a un hijo biológico del matrimonio.
La pensión nunca debió ser pagada porque Vildoza fue dado de baja de la fuerza en 1987, cuando se fugó tras ser citado a declarar antes de la sanción de las leyes del perdón, con lo que perdió derecho a cobrar remuneración alguna como militar, según informó la agencia oficial Télam.
Tanto el represor como su mujer están acusados de la apropiación ilegal de Javier Gonzalo Penino Viñas, nacido en la ESMA en septiembre de 1977, tras el secuestro de su madre Cecilia Viñas, cuando cursaba el séptimo mes de embarazo, y de Hugo Reynaldo Penino, quienes se encuentran desaparecidos.
Se trata de un caso emblemático ya que Viñas siguió manteniendo contacto telefónico con su familia hasta 1984, luego de la restauración democrática, manifestándoles que se encontraba bajo “custodia militar” y pidiendo que busquen a su hijo.
Vildoza y Grimaldos se fugaron a Suiza en 1986 junto a Javier Gonzalo, hoy radicado en Inglaterra y que recuperó su identidad en agosto de 1998 luego de someterse voluntariamente a un examen de ADN.
La Justicia sospecha que Grimaldos entró y salió muchas veces del país con dos identidades falsas –Ana María Marianuchi y Ana María Sedano– y fue apresada cuando estaba a punto de viajar a Londres, para conocer a la tercera hija de Javier, recién nacida.
Con los apellidos de Marianuchi y Sedano, la mujer (y también Vildoza) habrían entrado y salido de la capital fueguina entre los años 2000 y 2001.
La Justicia local comenzó a investigar esos episodios en 2006, a raíz de la denuncia formulada por el abogado, oriundo de Misiones, Oscar Beccaluva, quien reveló conocer detalles de la presencia del represor en la ciudad, y acusó a dos abogados de haberles brindado protección.
El caso pasó de la Justicia Provincial a la Federal y fue objeto de innumerables planteos y recusaciones, hasta recaer en manos del abogado Antonio Aciar, quien interviene en calidad de conjuez. Eso fue luego de que el juez Federal Federico Calvete se excusara de intervenir argumentando trato cercano con uno de los imputados.
Beccaluva fue citado a declarar como testigo y ratificó la misma versión que ya había dado en 2006, en oportunidad de ser indagado en una causa penal. Sin embargo, hasta el momento sus dichos no convencieron a la Justicia ni para indagar a los sospechosos ni para cerrar el expediente definitivamente por falta de pruebas.
Según fuentes judiciales, el conjuez tomó “muchas declaraciones” en los últimos meses, aunque la causa continúa sin una resolución.
Beccaluva reveló que en los casinos electrónicos que la familia Vildoza manejaba tanto en Ushuaia como en Río Grande, Oshowia y Casablanca, se lavaba dinero proveniente de bienes apropiados a personas desaparecidas durante la dictadura.
Sin embargo, esos presuntos delitos se investigan en Buenos Aires, mientras que aquí debe dilucidarse si existió encubrimiento por parte de quienes les habrían prestado ayuda al ex militar y su mujer.
Además de la reciente detención de Grimaldos, el caso de Cecilia Viñas y su hijo fue parte de la causa en la que se estableció que la apropiación de niños fue parte del plan sistemático de desaparición de personas de la última dictadura. Ya en 1979 la sobreviviente Sara Solarz de Osatinsky, quien asistió a secuestradas parturientas en la ESMA, declaró en París haber visto a Cecilia: “Fue traída de Mar del Plata. Era alta, de cabellos castaño oscuro. A fines de 1977 tuvo un varón. Luego fue trasladada sin su bebé”, informó el diario Página 12.
Por eso es que los familiares de Cecilia y Hugo creen que este es un momento clave en el que se podría echar luz sobre el destino del grupo de prisioneros que estaba vivo en 1984 y del que Cecilia formaba parte.