L
a Justicia Penal de Ushuaia sigue reuniendo documentación en torno a la causa donde se investiga el presunto desvío de recursos provenientes del Fondo Nacional de la Soja para solventar gastos corrientes del Estado, de acuerdo a la denuncia que formuló el secretario de Encuentro Popular, Víctor Díaz.
Según trascendió, el Gobierno provincial ya le envió a la jueza María Cristina Barrionuevo, a cargo de la investigación, una serie de documentos administrativos que dan cuenta del movimiento del Fondo durante el presente año.
Sin embargo, las autoridades judiciales evalúan ampliar el requerimiento de datos para reconstruir la forma en que se usaron esos recursos durante todo 2011.
Fuentes de la Justicia dijeron a este medio que hasta el momento los funcionarios se muestran predispuestos a enviar la documentación solicitada, así como a dar explicaciones sobre los distintos circuitos de la administración pública vinculados con este tema.
De acuerdo a la denuncia de Díaz, el Gobierno subejecuta las cuentas donde Nación deposita los fondos, con el objeto de utilizar esos saldos como herramienta financiera, a la hora de cumplir con compromisos coyunturales como el pago de los sueldos a los empleados públicos.
El referente de EP afirma que entre 2009 y 2011, la Nación giró a Tierra del Fuego 210 millones de pesos del Fondo de la Soja, de los cuales se quedó con 147 millones porque el resto los coparticipó con los municipios.
El dirigente partidario sostiene que en ese mismo período la provincia rindió solo 59 millones gastados en obras de infraestructura, e inmovilizó los 88 millones restantes.
Para el Gobierno provincial, el hecho de que Nación haya aprobado la rendición de los fondos es una prueba de que no existe ninguna irregularidad. Sin embargo Díaz mantiene que la aprobación alcanza a los recursos invertidos, y no se refiere a los que quedaron depositados en las cuentas.
Un delito difícil de demostrar
En términos jurídicos, la jueza Barrionuevo investiga una presunta malversación de caudales públicos, que equivale a modificar el destino de partidas que tienen otorgado por ley un fin específico.
Aún así, en la Justicia creen que se trata de un delito muy difícil de probar, y se basan en la diversidad y complejidad de los mecanismos que operan simultáneamente en la administración pública para la transferencia y utilización de estos fondos.
Según las fuentes consultadas, hay que analizar una serie de asientos contables sobre los que a veces es difícil corroborar si se corresponden con la realidad física del movimiento de los fondos. Por otra parte, como no se trata de verificar un faltante de dinero (la sospecha no es que existió una sustracción) la administración tiene mecanismos para compensar los saldos de las cuentas.
Algo similar sucedió en investigaciones judiciales anteriores, como el destino de los Fondos Crece o la utilización del FUCO (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales) para el pago de sueldos, que no terminaron con ningún funcionario procesado.
Nación advirtió sobre inmovilización del dinero
No obstante, en esa investigación en particular hay datos que son objetivos. Por ejemplo que la provincia no usó en su totalidad el Fondo de la Soja para realizar obras públicas desde su creación en 2009.
De hecho, en una de las rendiciones ante la Nación que el Gobierno provincial difundió como garantía de transparencia del movimiento de recursos, las propias autoridades del Ministerio de Planificación Federal le advirtieron a la administración de Fabiana Ríos que existía un alto nivel de inmovilización de fondos y un bajo ritmo de ejecución de trabajos. También les pidieron a los funcionarios locales que presupuesten más obras para el ejercicio del año venidero, de manera de garantizar la inversión de los fondos. Fue al constatar que en 2011 solamente, la provincia ejecutó 37 millones del Fondo de la Soja, sobre un total disponible de 60 millones, ya descontada la coparticipación a las municipalidades.
La Justicia debe definir si esa subejecución tuvo el objeto de inmovilizar dinero para garantizar –como sostiene Díaz– el pago de gastos corrientes, o si en el medio intervinieron otra clase de factores (falta de gestión, demoras administrativas, etc.) que podrían ser reprochables de la esfera política pero que no constituirían ningún delito.
