Este día, surge la primera entidad defensora de los derechos humanos de Tierra del Fuego, denominada Solidaridad. La reunión se concretó en una confitería céntrica de Río Grande y contó con la presencia de diversos representantes de la sociedad fueguina.
El procesamiento del gremialista metalúrgico Oscar Martínez, por los incidentes ocurridos en abril de ese año, despertó la inquietud de diversos ciudadanos que juzgaron la medida como un intento de evadir las responsabilidades políticas de la represión, que derivó en la muerte de Víctor Choque.
En uno de los párrafos de la declaración inaugural, la entidad plantea su aspiración de poder
“contribuir a superar la pasmosa mediocridad de los protagonistas de la política provincial, cada vez más alejados de los problemas cotidianos de los seres humanos” que habitan la provincia.
Además de abordar la defensa de los que sufren la violación de sus derechos humanos, Solidaridad se manifestó preocupada por el “notable agravamiento de las condiciones de vida de los sectores más humildes”, por “la falta de perspectivas integradoras para la creciente población juvenil que no encuentra contención”; por la situación de “los herederos de los antiguos pobladores indígenas” y por las amenazas al equilibrio ecológico.
Entre los integrantes de la entidad se encontraban Verónica De María, Rubén Maldonado, Alejandro Díaz, Mónica Benítez, José Piñeiro y Cristina Aguado.
La entidad sostuvo un rechazo activo a “los procesos entablados por la Justicia” por “la trágica represión de Semana Santa”, consideraron responsable de esos sucesos al gobierno provincial que “no tomó en cuenta los reclamos de los trabajadores” y “no posibilitó la apertura de canales de diálogo”.
La denuncia fue llevada al ámbito nacional logrando numerosos pronunciamientos de organismos de derechos humanos y la presencia en Tierra del Fuego de Osvaldo Bayer, Felipe Pigna, Luis Zamora y Marcelo Parrili, quien asumió la defensa de Martínez y otros acusados.
Finalmente, cuando se conoció el fallo que impuso a los gremialistas la realización de tareas comunitarias, la entidad convocó a la ciudadanía a sumarse a las mismas como forma de repudiar la decisión judicial.