La Justicia Federal de Ushuaia instruyó una causa penal contra los tres guardaparques acusados de haberse excedido en sus facultades al haber matado varios caballos en el interior del Parque Nacional Tierra del Fuego, durante un episodio que adquirió gran repercusión pública semanas atrás.
Según trascendió, el requerimiento de instrucción promovido por la Fiscalía Federal, a cargo del fiscal Juan Soria, busca delimitar si el comportamiento de los funcionarios del área natural protegida se ajustó a las normativas vigentes en materia de control de especies que pueden dañar la flora y fauna del lugar.
Hasta el momento la matanza de los equinos fue reconocida por el propio Jefe de Guardaparques, Fabricio del Castillo, quien argumentó ajustarse a las disposiciones que autorizan el sacrificio de los animales cuando se han agotado una serie de procedimientos.
Sin embargo, otros testimonios dieron cuenta de circunstancias llamativas que habrían rodeado al episodio en que murieron cuatro caballos. Por ejemplo que los guardaparques habrían disparado a mansalva en una zona del parque donde había turistas (el cruce de la ruta 3 con el desvío a Bahía Ensenada) y que los ejemplares no murieron en forma instantánea por lo que habrían sido perseguidos a los tiros hasta caer desangrados.
Luego de la denuncia presentada por el propietario de los equinos, perteneciente a la Asociación Criolla Los Fueguinos, la Gendarmería Nacional labró actuaciones preventivas que derivaron en la intervención judicial.
De acuerdo a la resolución 325/2005 de la Administración de Parques Nacionales –invocada por las autoridades del parque fueguino – los guarparques pueden decomisar animales sin marcas, para luego incorporarlos al patrimonio del organismo, entregarlos sin cargo a otras instituciones o entidades sin fines de lucro, o con cargo a particulares. Recién “cuando no fuera conveniente o posible su incorporación al patrimonio del organismo o su entrega sin cargo o su venta a terceros, los animales decomisados podrán ser sacrificados según las prácticas y normas vigentes al respecto”, menciona la resolución. También se autoriza la matanza cuando los animales se encuentren en lugares inaccesibles.
La labor de la Justicia consistirá ahora en demostrar si el desempeño de los guardaparques se ajustó o no a todas esas instancias y si el sacrificio fue realizado “según las prácticas y normas vigentes” y sin poner en riesgo la vida de otras personas, como los turistas que ocasionalmente transitaban por la zona.

Voces diversas

Hasta el momento Del Castillo defendió el desempeño de los guardaparques y en declaraciones públicas recordó que desde 2011 se notificó a todos los propietarios de caballos sueltos en el Parque Nacional (en especial en las zonas del Cañadón del Río Pipo o Cañadón del Toro) que debían retirarlos porque vencido el plazo se procedería al sacrificio de los ejemplares “se encuentren o no marcados y en el lugar en que sean hallados”.
Por su parte el biólogo del Centro Austral de Investigaciones Científicas, Adrián Schiavini, remarcó que el tema de los caballos sueltos es un problema de larga data producido porque muchos propietarios rompen los cercos para que sus animales pastoreen en el Parque durante el invierno y así no tener que alimentarlos.
En cambio desde la Asociación Reino Animal Fueguino (ARAF) repudiaron la matanza y la definieron como un abuso de las facultades con que cuentan las autoridades del Parque, remarcó la titular de la entidad, Roxana Vélez.
El asunto interesó, incluso, al diputado nacional Julio Catalán Magni, quien también se sumó a la idea de que había otras alternativas anteriores al sacrificio de los caballos.
“No se les puede pegar un tiro en la paleta y que el animal se vaya desangrando caminando por el parque. Me parece una locura total en el siglo XXI”, señaló Catalán cuando el tema se hizo público, y prometió reunirse con autoridades de la Dirección de Parques Nacionales.
En el ámbito judicial, el juez Federal Federico Calvete deberá resolver ahora si motoriza las medidas de prueba solicitadas por la Fiscalía para posteriormente determinar si llama a declarar a los guardaparques en calidad de imputados. En ese caso podrían responder por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público o abuso de autoridad, aunque el magistrado también podría determinar que su actuación se ajustó a los procedimientos legales.